Francisco Ledesma / Se busca sucesor o elector
El proceso de sucesión por la gubernatura del Estado de México se convertirá en el acontecimiento político de mayor relevancia en el país, previo a la elección presidencial de 2024; el cual tiene como preámbulo la designación de la candidatura priísta, que representará los intereses del Grupo Atlacomulco.
Tras la derrota histórica del PRI en la elección del año 2000, los gobernadores priístas se erigieron en virreyes de sus estados, y un contrapeso político al poder presidencial del panista Vicente Fox, lo que les permitió, entre otros privilegios, un manejo discrecional del presupuesto público; y un dominio de las elecciones locales para imponer incluso a sus sucesores, sin la injerencia presidencial acostumbrada en la historia del partido hegemónico.
En el caso particular del Estado de México, de los últimos tres gobernadores, solamente Arturo Montiel logró imponer a su delfín político, sin mayores resistencias abrió paso a favor de Enrique Peña Nieto -un personaje identificado con la formación de un grupo político bautizado como los Golden boys, de cepa montielista-, como su heredero en el despacho del Palacio de Gobierno.
En el sexenio de Peña Nieto, el atlacomulquense parecía tener el control político del estado -encumbrado como el candidato natural del priísmo a la Presidencia de México-, fue incapaz de formar un grupo político de hechura propia, y cuando se decantó a favor de su primo Del Mazo; debió dar un viraje que permitiera frenar la amenaza de una alianza opositora -como las que ahora promueve el prianismo-, y eligió al ecatepense, Eruviel Ávila como su pieza sucesoria.
Incluso como presidente de México padeció la misma suerte; en seis años de mandato no tuvo la formación de un grupo político, y entrampado en la pugna interna de su gabinete, debió ceder a presiones políticas para ajustar los estatutos del partido y permitir la postulación de un candidato más identificado con el panismo -quizá como premonición a la alianza promovida hoy por el empresario, Claudio X. González- para ungir a José Antonio Meade Kuribreña.
Previamente, en el proceso electoral mexiquense, Enrique Peña ejerció el control presidencial sobre su tierra natal, con el propósito de imponer la candidatura de Alfredo Del Mazo, sobre los intereses eruvielistas que pretendían -bajo el auspicio de Luis Videgaray-, la designación de alguien que trabajara en el gabinete estatal, o en la dirección del priísmo local, por encima de la toma de decisiones del grupo político que despachaba en Los Pinos.
A seis años de distancia, los aspirantes a la sucesión desarrollan diversas estrategias encaminadas a la postulación de la candidatura priísta, cuya mayor encrucijada consiste en resolver la incógnita del proceso de selección que deberá afrontar el gobernador en turno, a quien se le atribuye una ruptura con Alejandro Moreno, una inaceptable cercanía con López Obrador, una sana relación con el exgobernador César Camacho, y hasta una deferencia hacia Enrique Peña, como los cuatro factores que podrían incidir en la toma de decisiones.
En resumen, por ahora, lo más relevante para el gobernador Del Mazo consiste en imponer condiciones que le permitan resolver la designación de la candidatura; por encima del mito de la opinión y el veto de los exgobernadores; o bien, que evite la injerencia desde el centro del partido que resultó un fracaso electoral en todos los estados que gobernaba el priísmo entre 2021 y 2022.
Por tanto, en la premisa sucesoria delmacista, antes que buscar sucesor, el gobernador mexiquense debe garantizar ser el elector que el priísmo local busca.
La tenebra
Quizá la fórmula que requiere el prianismo para que haya “tiro” frente a Morena en el Estado de México, no está en buscar al mejor posicionado -lo cual se logra con cientos de espectaculares y bardas en escasos días-, sino a una candidatura competitiva, capaz de concitar a los poderes formales y fácticos; y que responda a la lealtad política que busca el gobernador saliente (con alguien de su partido).
