Francisco Ledesma / La herencia del poder político
La clase gobernante asume que el poder político que ostenta es una posición de privilegio intransferible, en cuya condición promueve e impulsa la herencia de los cargos públicos, mediante la construcción de procesos democráticos que legitimen el ascenso de hijos, hermanos, esposas, primos y demás familiares.
Sin distinción de partidos políticos, en las elecciones intermedias de junio próximo se identifican a presidentes municipales que han generado las condiciones necesarias para posicionar a sus familiares como candidatos al despacho que pretenden heredar, lo que determina un lugar ventajoso respecto de sus contendientes al interior de su partido y en la competencia electoral.
Las élites políticas justifican que, coartar el derecho de participación política de esposas, hermanos e hijos representaría conculcar sus legítimas aspiraciones personales en el ámbito electoral; lo cierto es que, bajo la promoción de alcaldes, diputados o líderes de partido, o quienes ya ocuparon el cargo, se pone a favor de familiares, los recursos financieros, humanos, materiales e institucionales, y eso advierte una competencia desigual para cualquier democracia.
En el régimen político mexicano, identificado como un sistema presidencial por el jurista Jorge Carpizo, se conceptualiza el ejercicio de facultades legales y metalegales; en ésta últimas se establecía que el presidente de la república tenía la posibilidad de heredar el poder político al candidato de su predilección.
A la distancia, y guardada la proporción, los alcaldes tienen una ascendencia política en sus municipios y al interior de sus partidos, además de la propia estructura gubernamental que encabezan, lo que favorece el empoderamiento de actores políticos que cuenten con sus afectos personales, lo cual es aún más evidente, cuando la sucesión está dispuesta a favor de familiares directos.
En la última década, sobran ejemplos de presidentes municipales que han promovido a esposas e hijas desde la posición de presidentas del DIF local: dotándole de recursos públicos y humanos a lo largo de tres años, para al final de su mandato pretender que sean ellas quienes sean electas como alcaldesas. Su condición es desigual respecto de cualquier otro director dentro del gabinete municipal, y la ascendencia política se da en automático, frente a colaboradores que pretenden mantener su condición laboral dentro del ayuntamiento.
La presencia permanente de la presidenta del DIF local en eventos públicos, le posibilita un posicionamiento social que nadie puede competirle al interior del ayuntamiento, y mucho menos desde la oposición política del municipio.
El cacicazgo que ejerce la clase gobernante no sólo transita por retener el poder político de un municipio para el partido al que pertenecen, sino que implica no transferir el despacho del Palacio Municipal y conservarlo como si fuera un negocio familiar, desde el cual se dispone del presupuesto público para el pago de compromisos políticos y personales que facilita la detención del cargo.
La ambición del poder público no encuentra diferencias en ninguna fuerza electoral o región geográfica. Por el contrario, cuando las élites políticas ven agotado su capital social, o bien, enfrentan el desgaste de los partidos políticos han encontrado como mecanismo de resurrección, la creación de nuevos partidos y el impulso de familiares en renovadas formas de organización social.
Es cierto, no hay ninguna ley electoral que impida a los familiares heredar el poder político, pero eso no implica que sea una práctica correcta, cuando de defender las instituciones democráticas y los procesos electorales se trata.
Sin embargo, la herencia del poder, en las próximas elecciones, está en marcha.
La tenebra
La democracia no es sinónimo de monarquía, y el gobierno no puede, no debe ser concebido como un negocio familiar. Y eso incluye sindicatos, instituciones autónomas y demás formas de organización que reciban recursos públicos.
