Francisco Ledesma / La pandemia de la pobreza
La actual contingencia sanitaria por covid-19, que ha implicado un confinamiento domiciliario por cuatro largos meses, tiene consecuencias irreversibles con la parálisis económica, y en consecuencia el cierre de negocios y comercios tanto en el sector informal como formal de la economía nacional.
En el Estado de México, que aporta en promedio el 13 por ciento del PIB nacional y tiene la población económicamente activa más grande del país, las repercusiones son lastimosas, particularmente para los grupos que padecen de una mayor marginación. Son esos sectores también los más vulnerables en su estabilidad laboral y en la inconsistencia de sus ingresos económicos.
De acuerdo con el IMSS, en el Estado de México se han perdido 58 mil empleos formales en tres meses. Se estima que en el sector informal -que alcanza un 57 por ciento de la ocupación laboral-, se habrán disminuido al menos otros 100 mil puestos de trabajo, de los que no tienen siquiera un piso de seguridad social.
El panorama se agudiza cuando se establece que la cifra de contagios y hospitalizados no ha permitido una transición al semáforo color naranja, y por lo tanto, no se tienen condiciones sanitarias para reactivar la cadena productiva de la economía local, como ocurre en la vecina Ciudad de México.
Los incentivos fiscales y hasta el programa de desempleo impulsado por el gobierno estatal resultan insuficientes, frente a los desafíos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas que han mantenido sus negocios cerrados.
La emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto que la economía informal tiene resquicios legales y fiscales para mantener sus funciones activas. Mientras los comercios formales, sortean la emergencia sanitaria, el pago de salarios de sus trabajadores y una serie de cargas impositivas por sostenerse en la legalidad.
En añadidura, los gobiernos federal, estatal y municipales deberán enfrentar una merma en sus proyectos presupuestales. Está claro que, la desaceleración económica disminuirá su capacidad de recaudación, y eso implicará reducir el gasto público en materia de infraestructura y compra de distintos insumos que inyectan recursos a la economía local. El círculo vicioso es preocupante.
Las estimaciones de organismos internacionales contemplan una caída de PIB de hasta 10 puntos porcentuales. La recuperación tampoco será inmediata, porque el escenario epidemiológico está marcado por una profunda incertidumbre social.
Un posible avance del semáforo epidemiológico en las próximas semanas hacia el naranja y el amarillo, podría derivar en una reactivación de la “nueva normalidad”, pero con una latente amenaza: un rebrote que pueda significar un regreso al confinamiento domiciliario y al cierre de comercios y empresas.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que la pobreza se agudizará en la región. Para el caso de México pasará de afectar a 41.9 por ciento de la población a 49.5 por ciento, es decir, de 53.6 a 63.3 millones de personas. Y a nivel nacional, por su densidad demográfica se puede proyectar un panorama desolador para el Estado de México.
Apenas el año pasado, el Coneval había determinado una disminución de la pobreza durante los últimos dos años, al pasar del 47 al 42 por ciento, la población de mexiquenses que presentaban algún grado de marginación.
Sin embargo, la pandemia por covid-19 arrasará en un corto plazo los avances de la última década, derivado de la pérdida del empleo, el estancamiento de la economía, la reducción del gobierno y una lacerante pobreza en los sectores vulnerables.
Hacia finales de este mismo año, el Estado de México podría tener la misma cantidad de pobres que hace una década, frente a una condición de alta marginación y las carencias más elementales como la alimentación y la vivienda, como consecuencia de la parálisis económica y social durante la contingencia sanitaria.
La tenebra
El combate a la pobreza debe ser estructural. La pandemia deja como lección que los programas clientelares sólo administran la marginación y la dependencia de los votantes hacia los gobiernos que reparten dádivas en crisis económicas, desastres naturales y tiempos electorales.
