Toluca, Edomex; 30 de junio de 2021.- La acción de decenas de gobiernos municipales está paralizada desde enero pasado. Tres momentos han marcado el proceso electoral de este 2021: la falta de presupuesto local al inicio del año y una sostenida disminución en la recaudación de recursos propios; la veda electoral determinada por las campañas proselitistas; y pasados los comicios, la derrota de quienes no pudieron reelegirse, o la entrega del poder a un partido político distinto a partir de enero próximo, que exige un saneamiento de las finanzas públicas municipales con el objetivo de evitar consecuencias legales.
Esa es una de las consecuencias inmediatas de la elección consecutiva, una clase gobernante que administra su capital político a partir de sus aspiraciones electorales; y un ejercicio del gasto público que está en función de los resultados en las urnas. Ahora que, en muchos casos, los electores han castigado a sus autoridades locales, el ritmo de la ejecución de obra pública ha disminuido, se observa un retraso en el pago de nóminas de sus trabajadores de base y de confianza, una desatención de los servicios públicos, además de un lento proceso de entrega – recepción que es necesario hasta el próximo mes de diciembre.
En la parte positiva, aquellos alcaldes que sí ganaron la reelección, han resuelto reactivar el desarrollo de infraestructura, tener un acercamiento con sus trabajadores sindicalizados, reanudar actos públicos y tener una mayor fluidez en la ejecución del gasto público. En esa encomienda, se advierte que los incentivos electorales se mantienen vigentes en cualquier ámbito de gobierno, como una premisa de la clase gobernante para favorecer a sus estructuras. Sin embargo, quienes no son parte de ese activismo político son marginados de los beneficios.
Desde cualquier perspectiva, los alcaldes malentienden la autonomía municipal, como si los presupuestos locales fueran dinero propio. La ejecución del gasto público es sumamente discrecional, para favorecer los intereses del presidente municipal en turno, por encima de las causas sociales históricas. Los órganos fiscalizadores son deficientes por sus propias limitaciones presupuestales, materiales y hasta jurídicas, o bien por la omisión en la revisión de presupuestos, obras ejecutadas e inconsistencias contempladas.
El OSFEM tendrá un reto mayúsculo para el año entrante, cuando reciba las cuentas públicas de los ayuntamientos respecto del presente año electoral. Hay muchas acusaciones del uso de recursos públicos en las campañas. El OSFEM tendrá en su escritorio los procesos de entrega – recepción de los gobiernos municipales, siempre tan acusados de un manejo irregular de sus presupuestos. Lo cierto es que, será la ocasión oportuna para demostrar la autonomía del órgano fiscalizador de la legislatura, frente a distintos alcaldes morenistas salientes en diciembre.
Muchos de los alcaldes ganadores ya hacen cuentas para saber cuánto tienen de presupuesto público, y a partir de esa circunstancia, contemplar para que realmente les alcanza en la ejecución de su plan de gobierno, que será mucho más discreto que lo prometido en las recién concluidas campañas electorales.
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