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Israel Dávila

Almoloya de Juárez, Edomex 12 de agosto del 2020.- Un juez de control  del Centro de Justicia del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, ubicado en esta localidad,  vinculó la tarde de este miércoles a José Antonio “N”, alias El Marro,  a proceso penal, al considerar que los elementos de prueba presentados por el ministerio público federal son suficientes para presumir su responsabilidad en el delito delincuencia organizada, relacionado con delitos con hidrocarburos.

Tras escuchar la determinación del juez “El Marro” pidió “ser tratado como persona, pues no le he hecho daño a nadie” y  demandó no ser sometido a segregación en este penal máxima seguridad donde se encuentra recluido desde el pasado viernes 7 de agosto.

El juez afirmó que el hecho de vincularlo a proceso no significa que se le declare culpable de los delitos que se le imputan y aclaró que en esta cárcel federal se le deberá tratar como a un reo más y estará sometido a las normas internas del centro de reclusión como cualquier otro preso.

José Antonio N, quien es considerado como el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima aclaró que no pretende tener privilegios, pero tampoco ser sometido a un régimen extremo o de segregación en este centro federal de readaptación social.

Una vez que la defensa del acusado no presentó pruebas de descargo, el ministerio público federal pidió que se le vinculara a proceso penal por el delito de delincuencia organizada relacionado con la comisión de delitos con hidrocarburos, pues los indicios aportados por la representación social  son sólidos para presumir que este sujeto es líder del Cártel de Santa Rosa de Lima dedicado a la extracción ilegal de combustibles de los ductos de Pemex, que luego vende en el mercado negro.

También se indicó que parte de las conductas delictivas que se tienen acreditadas al El Marro son el secuestro, la extorsión y el homicidio, pues como cabeza de un grupo criminal, ordenaba la comisión de estos delitos.

La imputación que formuló el ministerio público estuvo basada en cuatro aspectos:  acusaciones anónimas, partes policiacos y de análisis criminal de elementos de la Gendarmería que hicieron investigación de campo en varios municipios de Guanajuato, donde opera principalmente el Cártel Santa Rosa de Lima; videos que se difundieron por internet, notas y reportajes periodísticos , así como  una serie de escuchas de las intervenciones a líneas telefónicas de varios operadores del cártel de Santa Rosa de Lima, en los primeros meses del año pasado.

Gracias a estas escuchas telefónicas se pudo establecer la forma de operar del cártel y cómo tenía una amplia red de protección de cuerpos policiacos municipales y estatales en Guanajuato, incluso de algunos efectivos del Ejercito a quienes sobornaba con grandes sumas de dinero.

La investigación de campo hecha por la Gendarmería también permitió conocer que el Cártel de El Marro contaba con una amplia base social en comunidades como Santa Rosa de Lima , Villagrán y Celaya, entre otras, que le encubría y generaba disturbios cuando la Marina o la policía federal hacían operativos contra los miembros de esta organización.

Aunque el ministerio público federal solicitó tres meses para la etapa de investigación complementaria, el juez solo concedió un plazo de 2 meses, como lo pidió la defensa, ya que desde hace tiempo se está investigando a El Marro y a sus cómplices, 8 de los cuales ya están sujetos a proceso penal.

En tal sentido, el juez marcó el 7 de octubre como la fecha limite para que las partes reúnan las pruebas que se desahogaran en juicio que se le instruirá a José Antonio “N”.

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