Redacción
Toluca, Edomex. 7 de octubre del 2019.- La Secretaría de Seguridad del Estado de México puso a consideración del Poder Judicial mexiquense un proyecto para preliberar a más de dos mil reos del sistema penitenciario que cumplan con algunos requisitos para poder dejar la cárcel, y con ello ayudar a mitigar el problema de sobrepoblación que enfrentan los penales mexiquenses.
De acuerdo con datos de la Secretaría, el sistema penitenciario tiene más de 27 mil internos y la capacidad instalada en los 23 centros de reinserción social es poco más de 14 mil, por lo que existe una sobrepoblación de casi el 100 por ciento.
Existen cárceles donde le hacinamiento es tal que una estancia la comparten más 20 personas privadas de su libertad, cuando lo ideal es que no sean más de cuatro por estancia.
En su comparecencia ante el Congreso mexiquense, la secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes Guerrero reveló que se ha turnado al Poder Judicial un proyecto para preliberar a las personas mayores de 65 años que se encuentran privadas de su libertad; a enfermos mentales y a reos cuyas sentencias sean menores a cuatro años de prisión.
Con ello se podría despresurizar el sistema penitenciario entre dos mil a cuatro internos.
“El proyecto ya está en manos del Poder Judicial y ellos serán los que tengan la última palabra”, dijo.
Mencionó que para contrarrestar el problema de la sobrepoblación se ha gestionado el traslado de más de 120 reos de alto riesgo a penales federales de máxima seguridad; además de la más reciente apertura del penal de Tenancingo que tiene capacidad para albergar a mil reos.
La secretaria solicitó a los diputados comiencen, al menos a discutir la iniciativa turnada por el gobernador Alfredo Del Mazo para que autoricen la construcción de dos nuevos centros preventivos en el estado a través del esquema Asociaciones Público Privada (APP), los cuales también ayudarían contar por lo menos con tres mil nuevos espacios.
Los diputados se han mostrado renuentes a este esquema de financiamiento, pues a su consideración implica elevar la deuda del estado, pues ceder la construcción de cárceles a la iniciativa privada implicaría tener que pagarles durante 20 o 25 años una contraprestación por haber financiado las obras.
