Israel Dávila
Toluca, Edomex. 11 de febrero del 2019.- Ha pasado casi un mes de que un magistrado de segunda instancia ordenó reponer el proceso penal instruido a tres indígenas nahuas de la comunidad de San Pedro Tlanixco, pues se confirmó que hubo violaciones al debido proceso en el juicio que se les instruyó durante más de 10 años, y aún, el Poder Judicial del Estado de México no ha podido fijar fecha para celebrar la audiencia constitucional.
La falta de un intérprete en náhuatl que asista a los indígenas de Tlanixco durante el juicio ha sido la causa del retraso, pues en estos 25 días, el Poder Judicial no ha encontrado a uno solo.
La defensa de los indígenas de Tlanixco consideró esta acción como una estrategia más de las autoridades estatales para retener tras las rejas a estas personas, a quienes se les imputa el homicidio de un empresario español.
El pasado 17 de enero, un magistrado de segunda instancia del Poder Judicial mexiquense resolvió dejar sin efecto la sentencia de 50 años de prisión en contra de estos tres indígenas al comprobar que hubo violaciones al debido proceso que se les instruyó durante once años.
Además se comprobó que no existen elementos de prueba contundentes que sustenten la condena, además de que durante el juicio, los indígenas nunca contaron con asistencia de un intérprete de su lengua originaria.
A estos indígenas de San Pedro Tlanixco se les acusa de la muerte del empresario español Alejandro Isaak Basso, que representaba a un colectivo de floricultores del municipio de Villa Guerrero.
A inicios de la década pasada, los floricultores encabezados por Basso mantuvieron una disputa por el aprovechamiento del agua del río Texcaltengo con los pobladores de Tlanixco; y el 1 de abril del 2003, Basso murió cuando se dirigía a la localidad de los indígenas a reclamar porqué el agua llegaba jabonosa.
A decir de los pobladores de Tlanixco, el empresario resbaló en una vereda y cayó en una barranca de más de 40 metros y falleció, pero la entonces Procuraduría de Justicia culpó a los indígenas que formaban parte del comité de agua de la localidad, con base en imputaciones genéricas que hicieron los socios de Basso.
En 2003, la policía ministerial capturó, con lujo de violencia, a Pedro Sánchez, Teófilo Pérez y a Rómulo Arias, quienes integraban el comité de agua de Tlanixco y en 2006 los tres fueron sentenciados a más de 50 años de prisión sin que hubiera elementos para ello. En ese mismo año, también se detuvo a Dominga González, a Lorenzo Sánchez y a Marco Antonio Pérez, también del comité de agua y tras once años de estar encarcelados, en noviembre del 2017 recibieron sentencia de más de 50 años de prisión, condena que el pasado de 17 enero fue anulada por un magistrado.
La oficina de derechos humanos de la ONU y al menos una decena de organizaciones internacionales de derechos humanos también se han pronunciado abiertamente por la liberación inmediata de los indígenas por las violaciones al debido proceso y por no existir elementos para sostener que son responsables del homicidio.
