Redacción
Toluca, Edomex. 9 de abril del 2025.- El pleno del Congreso del Estado de México aprobó este miércoles, por unanimidad de votos, reformas a la Constitución local, encaminadas a garantizar la paridad sustantiva en los cargos de la alta burocracia tanto a nivel estatal como municipal.
Con la iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez se modificó el texto constitucional para hacer obligatorio el principio de paridad de género en nombramientos de personas titulares en la administración pública estatal y municipal, incluyendo gabinetes, cargos ejecutivos y de toma de decisiones, para garantizar la representación equitativa de hombres y mujeres en ámbitos político, social, económico y cultural.
Hoy, aunque ya existía una obligación en la Ley Orgánica Municipal para los Ayuntamientos mexiquenses integraran sus gabinetes con paridad de género, aun existen casos que se niegan a cumplir dicha normatividad.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, Francisco Vázquez, reveló que existen denuncias en la Contraloría del Poder Legislativo en contra de los alcaldes de Atizapán de Zaragoza, Metepec, ambos panistas, y de El Oro, Teoloyucan y Calimaya (de Morena), quienes han incumplido con una integración paritaria de sus equipos de trabajo.
Además, con las reformas, también se obliga a las autoridades a erradicar la brecha salarial que existía entre hombres y mujeres y ahora tendrán la obligación de pagar igual a un hombre y a una mujer, que ocupen cargos iguales.
En el decreto también se incluyeron reformas a la Ley para garantizar una vida libre de violencia y a la ley que crea la Fiscalía General de Justicia de la entidad, donde se establece la creación de una nueva fiscalía especializada que tenga como facultad dirigir, integrar, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, el ejercicio de la acción penal, por delitos cometidos contra las mujeres por razón de género, así como de los delitos de violencia familiar, delitos de incumplimiento de obligaciones alimentarias, homicidio de mujeres, feminicidio y demás delitos relacionados consignados por la legislación del caso.
Asimismo se obliga a que el ministerio público y las instituciones policiales se coordinen entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y garantizar el cumplimiento de sus objetivos, bajo los principios de igualdad sustantiva y no discriminación, con un enfoque integral que priorice la prevención, investigación y sanción de las violencias de género, prestando especial atención a las necesidades y particularidades de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, para su acceso a la justicia y a una vida libre de violencias.
