Redacción
Toluca, Edomex. 20 de octubre del 2016.- Diputados locales del PAN, PRD, Morena, PT, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo demandaron hoy a las autoridades electorales intervenir para frenar el reparto indiscriminado de despensas y monederos electrónicos que vienen realizando los gobiernos federal y del estado de México los fines de semana.
Para los legisladores esta estrategia gubernamental de distribución masiva de beneficios de programas sociales está fuera de la ley, pues en el fondo se condiciona la entrega del apoyo a cambio de asistir a estos actos masivos y de entregar copia de su credencial de elector.
Desde la Tribuna del Congreso mexiquense, los coordinadores parlamentarios de los partidos opositores al PRI presentaron un punto de acuerdo en el que también solicitan a las autoridades federales y estatales a prescindir de la entrega masiva de estos apoyos y a condicionarlos.
También se exhorta al INE para que se inicie una investigación de oficio en materia de fiscalización por el reparto condicionado de tarjetas y despensas y al IEEM para que diseñe y difunda una campaña para que los beneficiarios de los programas sociales conozcan que los apoyos no son partidistas y no pueden entregarse a cambio de votos.
Suman quejas en el IEEM
De su lado, durante la sesión del Consejo General del IEEM de este jueves, los representantes de los partidos opositores también fustigaron la entrega de estos apoyos de manera masiva. El PRD presentó una queja para que se instaure un procedimiento especial sancionador, que se suma a la que presentó Morena en días pasados.
Ambos partidos argumentan que los apoyos que se dan en estas Ferias Integrales de Servicios se condicionan y violan disposiciones legales como el 134 constitucional, y el Código Electoral mexiquense, además de las propias reglas de operación de los programas, pues estas marchan fechas y mecanismos de entrega de los apoyos y en ninguna parte se habla de esta entrega masiva.
El PRI defendió a los gobiernos estatal y federal y dijo que no se viola ninguna disposición y no por un proceso electoral los beneficiarios de los programas sociales del estado deben ser perjudicados con la suspensión de los mismos.
La consejera electoral, Palmira Tapia propuso retomar el mecanismo implementado hace diez años en el estado de México, donde el IEEM convocó a las Secretarías de Desarrollo Social federal y del estado de México, a firmar un pacto de civilidad con el organismo a fin de vigilar que los recursos que se entregan no sean utilizados para favorecer a ninguna fuerza política.
