Redacción
Chimalhuacán, Edomex. 6 de enero de 2014.- Propietarios de alrededor de 954 hectáreas, ubicadas en el territorio donde se construirá el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), exigieron un pago justo por sus tierras, por un monto de 2 mil 500 pesos el metro cuadrado y no al precio ofrecido por una funcionaria de la Secretaría de Gobernación que oscila entre los 10 y 120 pesos.
En conferencia de prensa, solicitaron la salida de la maquinaria y el cese de los trabajos que ya se realizan en la zona.
Anunciaron que este martes realizarán una marcha del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, tras acusar a Lorena Roa López, coordinadora jurídica de la Segob, de despojar con engaños a los legítimos dueños de los terrenos.
Entre abril y mayo del 2014, explicaron, la funcionaria fue a la zona para comprar terrenos para el aeropuerto, pero aprovechó que desde el área jurídica del Valle de México, zona I, se indemnizó a precios “bajísimos” a los afectados por las obras del Circuito Exterior Mexiquense, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México.
En su momento, denunció Loreto González, la funcionaria federal amenazó a los dueños de las tierras de Chimalhuacán para recibir una gratificación del gobierno federal por sus parcelas. De oponerse, las ocuparía el Ejército.
Juan Loreto González y Tomás Cruz, representantes de unos 150 dueños de tierras, aclararon que no se oponen a la construcción de la nueva sede aérea sobre sus parcelas.
Explicaron que sus terrenos elevaron su plusvalía con el anuncio de la construcción de la nueva terminal aérea.
Tomás Cruz, asesor jurídico de los inconformes dijo que en esa ocasión cerca del 70 por ciento de los 150 propietarios recibieron la gratificación federal, pero no hubo un contrato de compraventa.
“Sin que existiera de por medio un contrato de compraventa, sólo un documento donde los propietarios se comprometen a desalojar sus predios a cambio de una gratificación”, añadió.
Los propietarios tienen documentos firmados por el presidente Benito Juárez en 1862, así como otros de 1920 y 1930, que los acreditan como dueños al pagar desde uno hasta 30 pesos en oro.
Otro grupo de propietarios de Los Tlateles marcharon en forma pacífica sobre los terrenos e informaron a los empleados que esas hectáreas son propiedad privada y no pueden realizar ninguna obra.
Los dueños de las tierras dieron una semana de plazo para retirar la maquinaria; de no hacerlo, la sacarán ellos mismos, advirtieron.
