Juan Carlos Núñez Armas*
Faltan algunos meses para el cambio de gobierno en los ayuntamientos (01 de enero del 2022) y en la Legislatura (5 de septiembre). El proceso electoral quedó atrás y en este periodo, después de resueltas las impugnaciones, existe un vacío que no todos aprovechan de la mejor manera. Unas/os toman vacaciones, otras/os se preparan para los procesos internos de renovación de dirigencias. Una nueva batalla se avecina.
Otros por su parte, tal vez las/os menos, están regresando a recorrer las calles y dialogar con las/os ciudadanas/os para agradecer el apoyo y empezar el contacto ciudadano. En estas reuniones se observa a militantes de varios partidos y sin partido, acudiendo a reuniones, con el interés de escuchar propuestas y peticiones. También suelen reunirse con servidoras/es públicas/os de otros ámbitos de gobierno esforzándose por tender puentes que les permitan concretar proyectos.
Observando esta dinámica de trabajo de las/os candidatas/os electas/os, me pregunto si será posible instalar un gobierno de coalición, en la entidad o incluso en los municipios. Esta figura quedó debidamente establecida desde el 10 de febrero del 2014, según se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Entre los considerandos del Congreso de la Unión se establece que es conveniente la implementación de esta figura en nuestro país, propia de los sistemas parlamentarios, puesto que en 18 años de gobierno y en particular de las legislaturas, ningún partido por sí mismo alcanzaba una mayoría absoluta.
Los acuerdos parlamentarios propios de cualquier sistema democrático parecen darse, lamentablemente, cada vez más “en lo oscurito” y queda la duda de lo que realmente pasa en las negociaciones. Existen varios ejemplos de ello, la reforma fiscal fallida planteada por, Fox que dividió incluso a los priístas; la toma de protesta de Felipe Calderón y más recientemente el “Pacto por México” donde el partido gobernante PRI, y por convenir al entonces presidente Enrique Peña, trabajó y aprobaron una serie de reformas legales entre los legisladores del PRI, PAN y PRD, exclusivamente.
Difícilmente sabremos qué pasó en esas negociaciones, especialmente en el último ejemplo. Algunas crónicas cuentan que existieron acuerdos económicos para que varios legisladores votaran a favor de esas reformas, como la energética, tal como lo ha denunciado Emilio Lozoya. En consecuencia, a efecto de establecer un mecanismo que ayudara a evitar una crisis de gobernabilidad, como pudo haber sido la no toma de protesta de un presidente electo democráticamente o un gobernador como Montiel en 1999, se planteó la necesidad de que un presidente de la República o gobernador en nuestro caso, tenga la facultad de recurrir a la conformación de un gobierno de coalición.
Por un gobierno de coalición entendemos la integración de dos o más fuerzas políticas en un congreso (la pregunta es y ¿en un ayuntamiento?), para conformar una mayoría, lo cual supone la integración de un gabinete plural, es decir, un gabinete con militantes de otros partidos encabezando alguna dependencia de gobierno.
Diego Valadés estudioso de este asunto lo ha llamado incluso “la racionalidad del poder”, esto implica una negociación política para dar estabilidad a las funciones del ejercicio del poder público, pero también implica obligadamente el establecimiento de una agenda común de gobierno. Hasta el momento sólo hemos tenido gobiernos unificados, cuya característica es que todos las/os integrantes del gabinete son de un mismo partido, pero hoy la realidad nos dice que tenemos gobiernos divididos y que para tener estabilidad y gobernabilidad es necesario hacer coaliciones de gobierno. En el caso del Estado de México se encuentra establecida esta figura en la constitución, artículo 77 fracción XLVIII.
Esta figura jurídica debe impulsarse mediante el establecimiento de convenios transparentes y con pleno acceso a la información, donde se comunique qué hace cada partido y a qué se compromete en ese gobierno, con pautas de comportamiento claras, estableciendo programas de gobierno y evitar cualquier crisis de gobernabilidad. Es menester impulsar y complementar conceptos jurídicos indispensables como el voto de confianza, interpelación y moción de censura, a efecto de darle sentido a estos gobiernos.
Considero que la mejor forma de implementar este tipo de gobiernos es a través del plan de desarrollo (municipal o estatal), estableciendo indicadores de desempeño, señalando metas y logros que se pretendan alcanzar. La idea, en resumen, es dar resultados satisfactorios a las/os ciudadanas/os y de manera pluripartidista. Esta propuesta de gobiernos de coalición bien puede ser estatal o municipales. Las/os gobernantes recién electos y las dirigencias partidistas tienen la palabra. Las/os ciudadanas/os por su parte han aprendido a elegir mejores gobiernos y distinguir a las/os gobernantes que cumplen o no cumplen y están expectantes de las/os recién electos.
Tal vez esta figura no resuelva todos los problemas, pero estoy convencido de que puede ser un buen inicio para trasparentar los acuerdos opacos que hoy tenemos. Es una herramienta que puede ser útil para revertir la falta de credibilidad y de confianza en las/os políticas/os y en los partidos políticos.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM. Y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
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