Juan Carlos Núñez Armas
Para los protagonistas de la lucha política democrática, que han hecho historia en el Estado de México, no ha sido fácil el camino para hacer retroceder al partido hegemónico que durante más de 80 años, sin interrupción, gobernó México y que sigue presente en el Estado de México y sus múltiples versiones siguen vigentes y mueven decisiones para mantenerse en el poder.
Una de las principales batallas emprendidas ha sido darle espacios de expresión a las minorías. Cuando solamente un partido político ganaba elecciones la oposición en su conjunto reclamaba al gobierno los fraudes municipales. En cada proceso los partidos no gobernantes reclamaban para los ciudadanos el reconocimiento de victorias locales. No obstante, la aplanadora del autoritarismo era puesta a funcionar y acallaba las voces disidentes y reconocía, esporádicamente, algunos triunfos cuando la lucha ciudadana desafiaba al poder. Podríamos recordar, por ejemplo, Melchor Ocampo o San Salvador Atenco para el PAN, y cómo olvidar el caso Tejupilco donde el PRD exigía el respeto a su triunfo.
Eran los tiempos en que la ciudadanía reclamaba más espacios de inclusión en la toma de decisiones y que la oposición abrazaba causas ciudadanas. Eran los tiempos cuando, por fin, la lucha tenaz de las voces disconformes logró que iniciara un proceso de reformas electorales que, muy poco a poco, abrieron espacios de representaciones para la pluralidad de la sociedad mexicana. En el Estado de México, el 20 de abril de 1978, se publicó la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (mejor conocida como LOPPE) que incluía un capítulo de asignación de representación proporcional. Así la legislatura quedó integrada por 29 diputados de mayoría y hasta 9 diputados de representación proporcional denominados de minoría y lo mismo sucedía en los ayuntamientos. Para 1990 la legislatura se componía de 34 diputados de mayoría y 23 de representación proporcional.
Al paso de los años la lucha de los ciudadanos incrementaba su aspiración por tener un cambio hacía retroceder al partido hegemónico y su empuje, apoyando a los partidos políticos de oposición, logró que apareciera la fórmula de integración en la legislatura de 60% diputados de mayoría y 40% de representación proporcional, (pre-ponderación mayoritaria). Para 1996 -año que se considera parteaguas en el avance de las batallas democráticas en México- la nueva ley del 2 de marzo estableció la integración de la legislatura en 45 diputados de mayoría y 30 de representación proporcional. En ese momento apareció la figura de los síndicos de representación proporcional -en los municipios de mayor población- para dar una expresión a las minorías que deseaban mayor transparencia en el manejo de la hacienda pública municipal. Con el IFE en pleno desempeño y San Lázaro con mayoría de los partidos diferentes al mal llamado partido oficial, ya era innegable, e inminente, su derrota ante la abierta contienda de los ciudadanos por conquistar nuevos espacios de representación política para una pluralidad negada hasta entonces.
Ante el escenario público y la participación política, ¿por qué, después de tantas reformas electorales no se ha planteado la representación proporcional pura? Es decir, que cada partido político tenga tantos regidores o diputados según la votación que obtenga en cada elección. De esta manera al partido con mayor porcentaje le correspondería el mayor número de diputados o bien en el caso de los municipios el ejecutivo municipal y los regidores que correspondan al porcentaje de votación obtenido.
En el 2020 el senador Higinio Martínez plantea una supuesta reforma de Estado enfocada, según lo expresado, esencialmente en dos aspectos: la disminución del 50 % de síndicos y regidores en los gobiernos municipales y la división en dos partes del municipio de Ecatepec. Los estudiosos de las reformas de Estado muy difícilmente podrían considerar a esta propuesta, efectivamente, reforma de Estado. La propuesta luce más como una reforma electoral cuya razón de ser es la disminución del gasto que se eroga en estos cargos políticos.
Ya puestos en la necesidad de paralizar las instituciones a costa de una mal entendida austeridad, me pregunto ¿por qué el 50 o por qué no el 80 % de recorte de puestos? Si de ahorro se trata pues de una vez eliminamos al poder legislativo y a quienes en los gobiernos municipales tienen funciones diferentes a la ejecutiva. Así, las y los presidentes municipales en turno estarán encantados y claro que se puede gobernar en solitario. Y, por qué no también eliminamos los municipios con sus ayuntamientos y de una vez que la gobernadora o el gobernador asumen las funciones de gobierno municipal. Por supuesto, este planteamiento es un absurdo tanto como el de la iniciativa de reforma presentada por el senador Martínez.
Si el objetivo de la reforma propuesta es fortalecer las finanzas municipales existen muchas alternativas para hacerlo. La primera bien podría ser combatir la impunidad de los corruptos. Si el grupo que gobernó al país el sexenio pasado ha sido evidenciado por corrupción, hay que tener presente que antes de este periodo este mismo grupo gobernó el Estado de México, pero hasta la fecha no se ha conocido que algún exfuncionario esté siendo investigado por corrupción, ni en el ámbito estatal ni en el municipal. ¿Será qué en el sexenio que gobernaron el Estado de México se comportaron honestamente y no tuvieron ningún desvío de recursos públicos? No olvidemos que en la mente de algunos sigue vivo el recuerdo de OHL, especialmente para quienes siguen padeciendo sus obras públicas.
Si en verdad se busca fortalecer las finanzas públicas municipales y estatales, entonces, ¿por qué no investigar seriamente los manejos de las asignaciones de obras y de concesiones, no sólo del ejecutivo, sino de todas las entidades públicas en ambos ámbitos de gobierno? Y sí, esta investigación, con estricto apego a derecho, debería basarse en las instituciones diseñadas al efecto y que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, ese sí, producto de una reforma de Estado. Tal vez, al realizar una investigación seria al desempeño de las haciendas públicas durante los dos anteriores sexenios se encontraría que una fuente de ineficiencia de recursos es la fuga que se tiene por la impunidad en la que se ampara la corrupción.
Seguramente existen muchas más alternativas de estudio, como revisión de las atribuciones municipales y los recursos que cada municipio tiene para hacer frente a los múltiples compromisos con los ciudadanos; impulsar seriamente el gobierno abierto en el ejercicio de recursos públicos, que implica transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. La innovación en el gobierno representa otra alternativa, porque impulsa como política pública que los procesos administrativos sean más sencillos y baratos. Si algo nos ha confirmado la actual crisis sanitaria es que la digitalización de los trámites facilita la vida a los contribuyentes que de por ya es una buena noticia, además haría más eficiente al gobierno municipal en la captación de más recursos propios.
En consecuencia, sí se requiere una reforma del Estado, que lleve a nuestras instituciones públicas a una etapa de mayor desarrollo, pero no debe ser impuesta como camisa de fuerza. En el pasado el mal llamado partido oficial imponía a los partidos políticos, y por ende a los ciudadanos, reformas que le permitían cancelar las expresiones de pluralidad y concentrar el poder en los titulares de los ejecutivos. Digamos “sí” a una reforma que sea incluyente no sólo de los diferentes partidos políticos, sino de la diversidad manifiesta en la sociedad mexiquense. En la democracia del siglo XXI, la democracia que necesita ahora el Estado de México, el ciudadano debe ser el centro de atención, debe ser el eje en la transformación necesaria para acceder a más y mejores niveles de desarrollo humano.
Sí a una reforma con gobernanza, con gobernabilidad democrática, que incluya a todos los sectores en la toma de decisiones públicas, que escuche a todas las voces que tengan algo que decir, donde se empiece por revisar las atribuciones municipales y que estas estén diseñadas para las capacidades municipales, donde cualquier ciudadano pueda ser coparticipe de las decisiones públicas y de la fiscalización de los recursos, sus recursos.
En resumen, después de tantas reformas que nos han llevado hasta el punto donde gozamos de una democracia que nos ha aportado importantes adelantos, pero que nos ha quedado a deber en diversos aspectos, una reforma del Estado debe, obligadamente, tener su eje principal al ciudadano. Cualquier reforma que se precie debe centrar su atención en cómo participan los ciudadanos y cómo se hacen corresponsables.
En el esquema de proconsumo en el que nos ha tocado vivir en este siglo, todos somos consumidores y también productores, en este caso de las decisiones públicas. Apostemos a la apertura de la discusión pública y el debate sobre qué aspectos debe incluir una reforma del Estado no como coyuntura al inicio de un proceso electoral, sino como una obligación de los políticos que tienen un saldo pendiente con el ciudadano. Ese ciudadano de a pie que quiere respuestas, demanda servicios, quiere vivir seguro, con desarrollo familiar y social de manera sostenible, libre de corrupción y con certeza en la aplicación de la justicia para que se castigue a los que transgreden las leyes y vulneran derechos…lo mismo en la combi, que en las licitaciones públicas pasadas y presentes.
