Por: Violeta Huerta
El actual auditor superior del estado de México, Fernando Baz Ferreira ha recibido el espaldarazo de la mayoría de los grupos parlamentarios de la Legislatura mexiquense para mantenerse en su cargo siete años más, es decir: hasta el 2023, con la posibilidad de ser ratificado por otros ocho años, en un cargo donde se requiere un profesional independiente y no supeditado al gobernante en turno.
Ese puesto es clave: el Órgano Superior de Fiscalización del estado de México (OSFEM) será una de las principales piezas del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, que el siguiente año deberá estar listo. El OSFEM tendrá mayores facultades, obligaciones, pero también recursos para fiscalizar el gasto público; por lo cual el número de auditorías a todos los entes deberá crecer.
Baz llegó como auditor el cinco de octubre del 2009, con el rechazo del PAN y la abstención del PRD, señalado por el blanquiazul como un auditor externo y socio del despacho contable Freyssinier Morín que hizo trabajos al anterior gobierno estatal. Su periodo era por solo cuatro años.
Sin embargo, en marzo del 2010 los diputados hicieron ajustes a la Constitución para ampliar su periodo a ocho años, pero a petición del PRD establecieron un candado, a través de un artículo transitorio en el decreto 81-publicado en junio de ese año- para señalar que el titular del Órgano Superior de Fiscalización en funciones, es decir, Baz, permanecería en el ejercicio de su encargo por ocho años, computados a partir de la fecha en que tomó posesión, y su nombramiento no podría prolongarse.
El objetivo era que Fernando Baz Ferreira sólo duraría ocho años en su encargo y no 16, como establecía la nueva redacción del artículo 61 constitucional; por lo cual concluiría en octubre del 2017.
No obstante, con los cambios avalados por los diputados en estos días, la reforma del 2010 queda rebasada y sepultada. Ya no hay candado que impida a Baz mantenerse al menos un nuevo periodo de siete años, con la posibilidad de ser ratificado por otros ocho años, y de ser así, acompañaría a al menos dos gobernadores más y podría seguir como auditor hasta el 2031.
Ese ajuste desató las críticas de los grupos parlamentarios del PRD y de Morena y la advertencia de esa última bancada, en torno a que el gobierno saliente de Eruviel Ávila intenta tejer una red de protección, al nombrar gente que no lo investigue, como: el auditor y el fiscal general, que todo parece indicar será el actual procurador, Alejandro Gómez Sánchez.
Baz Ferreira ha sido poco cuestionado por los legisladores locales, y a su vez, él ha sido poco crítico con la administración estatal. Hasta ahora en ninguna cuenta pública del gobierno mexiquense se ha arrojado la existencia de observaciones graves y en las auditorías externas han repetido algunos despachos.
En 2014 y 2015 los legisladores locales contrataron a los mismos auditores externos para revisar rubros específicos en las cuentas públicas del Gobierno estatal de los años 2013 y 2014, y en ningún caso hubo observaciones graves.
La anterior Legislatura pagó más de 5 millones y medio de pesos en la contratación de despachos externos para auditar diferentes áreas -dentro de las cuentas públicas del 2013 y 2014-, pero al menos las revisiones a Servicios Personales y al Programa Anual de Adquisiciones fueron hechas por los mismos despachos, a través de invitaciones a cuando menos tres personas, con el argumento de que ofrecían las mejores condiciones.
En servicios personales o capítulo mil, donde se revisan nóminas y salarios de funcionarios, en 2014 la auditoría costó un millón 767 mil pesos y para 2015, un millón 760 mil pesos. Las dos fueron practicadas por el despacho Mendoza Bennets Contadores Públicos S.C.
Para el Programa Anual de Adquisiciones, en el 2014 el Congreso local erogó 350 mil pesos, y un año después 348 mil pesos, y en ambos el ganador del contrato fue el despacho Núñez & Gambver Auditores S.C; mientras en obra pública Jorge Iván Fajardo de la Mora en 2014 hizo una auditoría de manera general y en 2015 revisó la construcción de acceso a desnivel sobre la carretera Toluca-Palmillas.
El reto para el auditor Fernando Baz será demostrar que es autónomo e imparcial; actuar con dureza ante las faltas que detecte y mantener una sana distancia del gobierno que iniciará funciones en septiembre, e incluso una actitud crítica, pues lamentablemente en el estado de México hay una tendencia, entre muchos actores, entre ellos algunos diputados, de creer que el Ejecutivo es su jefe, aunque no dependan de él. El Sistema Anticorrupción no debe iniciar cojo, ni cuestionado; se requieren instituciones fuertes e independientes.
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Una vez que se dé luz verde al nuevo Sistema Anticorrupción será deseable un cambio en el Tribunal Contencioso Administrativo (TRICAEM); de lo contrario, la tendencia será que en la entidad todas las instituciones sólo cambiarán de nombre, pero con los mismos actores, y posiblemente, con los mismos vicios.
