Jenaro Villamil / Homozapping
Un comando asesinó al inicio de esta semana a Miguel Ángel Luna Munguía, candidato del PRD a diputado federal en el distrito 23 del Estado de México, correspondiente al Valle de Chalco.
El mismo día que el gobernador mexiquense Eruviel Ávila y el instituto local electoral insistían en que los comicios en la entidad más poblada del país se desarrollarían en paz, la violencia se hizo presente, como también ha estado en los últimos días en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Yucatán.
Con el crimen de Luna Munguía suman ya 20 políticos ejecutados en 10 entidades, rompiendo el récord de asesinatos en un proceso electoral federal reciente.
Antes de Luna Munguía, la lista de asesinatos de candidatos fue la siguiente:
-El 19 de febrero fue asesinado en Tlaxiaco, Oaxaca, el precandidato del PRD a diputado federal, Carlos Martínez.
-El 1 de mayo, el mismo día de los narcobloqueos en Jalisco, fue asesinado en Chilapa, Guerrero, Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a la alcaldía. Tan duras han sido las amenazas en este municipio en focos rojos en Guerrero, que la candidata de Morena, Laura Patricia Hernández renunció, al tiempo que un comando armado amagó al candidato a gobernador del Movimiento Ciudadano, Luis Walton.
-El 14 de mayo, en Yurécuaro, Michoacán, fue asesinado el candidato de Morena a alcalde, Enrique Hernández, un personaje que denunció la infiltración de los Caballeros Templarios desde antes de la fundación de los grupos de autodefensa.
-En Huimanguillo, Tabasco, el 15 de mayo, fue asesinado el aspirante a regidor, el priista Héctor López Cruz.
A estos asesinatos de candidatos se suman los crímenes contra ex regidores, dirigentes partidistas y operadores electorales en varias partes del país, hasta sumar una lista de 20 homicidios.
También los enfrentamientos entre simpatizantes ha dejado un saldo rojo en varias entidades: en la comunidad de Ixcaputzalco, Guerrero, fueron asesinados 4 simpatizantes del Panal, el 30 de abril; el pasado 31 de mayo, en el municipio de Peto, Yucatán, dos simpatizantes del PAN murieron y 6 fueron heridos tras enfrentamientos con presuntos grupos de choque del PRI.
El final de mayo se puso muy violento con los crímenes del PRD en Juchitán, Oaxaca, Jehová de la Cruz Gallegos; el del ex edil panista en Cuitláhuac, Veracruz, Ambrosio Borbonio; el regidor priista de Chignahuapan, Puebla, José Salvador Méndez; y el coordinador de la campaña priista en el DF, Israel Hernández, el 28 de mayo.
A estos homicidios se suman más de 70 episodios de secuestros, amenazas de extorsión y de muerte, agresiones de grupos de choque y ataques directos a las instalaciones del INE.
El 21 de mayo, un grupo de sujetos sin identificar lanzaron granadas en las instalaciones del INE y de la Policía Federal, en Matamoros, Tamaulipas, la entidad donde la narcoviolencia le cobró la vida al candidato a gobernador del PRI en 2010, Torres Cantú.
Por si faltaran más elementos de tensión y de crisis, en vísperas del proceso electoral, las protestas y movilizaciones de la CNTE y de otros grupos han repuntado en varias entidades. Este 2 de junio, mientras el líder del PRI, César Camacho, encabezaba el cierre de campaña de sus candidatos en Tuxtla, Gutiérrez, profesores de la CNTE tomaron gasolineras y oficinas del INE.
Situaciones similares se han producido en Oaxaca, Puebla, Veracruz y en San Luis Potosí.
En el Distrito Federal, la tensión entre contendientes del PRD y de Morena, ha prendido también los focos rojos en 13 de las 16 delegaciones que tendrán comicios el próximo domingo. La disputa real entre estas dos organizaciones partidistas se reflejará en las demarcaciones más disputadas: Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlalpan, Milpa Alta, Gustavo A Madero, Azcapotzalco, Coyoacán y Magdalena Contreras.
En otras palabras, estamos frente a tres tendencias que marcan el derrotero de esta contienda:
1.-Un incremento real de la intimidación de grupos criminales a los candidatos para eliminarlos de la contienda, sin que las autoridades de seguridad pública y mucho menos las electorales puedan dar garantías mínimas. La FEPADE y la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada han sido absolutamente rebasadas.
2.-La violencia en tiempo electoral se empata con la aguda crisis en materia de respeto a los derechos humanos y de sistemáticas violaciones cometidas por cuerpos de seguridad en entidades como Guerrero, Michoacán, Jalisco y Oaxaca, que se han convertido en el corredor más preocupante para observadores y funcionarios.
3.-La intimidación y la violencia también tienen otro objetivo mucho menos noble que los simpatizantes de la anulación del voto: inhibir la participación de los ciudadanos a través del miedo.
Este es el sello de un proceso electoral que llega a su término en profunda crisis para los partidos y las autoridades.
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