Francisco Ledesma / La concesión al incremento
Hace apenas 27 meses, el gobierno de Eruviel Ávila autorizó el último incremento a las tarifas del transporte público de 8 a 10 pesos, la parada mínima. En un plazo de 11 días, el costo tendrá un nuevo aumento de 10 a 12 pesos. Un ajuste inflacionario del 50 por ciento en poco más de dos años. En el mismo periodo, ni los combustibles ni otros insumos han tenido variación sustancial que justifique el alza en el servicio de pasajeros. La presión política rebasó a la realidad económica, y las autoridades estatales han cedido otra vez.
La promesa es la de siempre: la mejora del transporte público, una condición incumplida hasta el cansancio. El servicio de pasajeros es el más inseguro a nivel nacional. Es obsoleto y poco funcional. Las rutas y derroteros son tardados.
Sin embargo, no se debe perder de vista que los concesionarios responden a intereses clientelares para atender a lógicas electorales cada tres años. En paralelo, cientos de actores políticos e intereses sociales son quienes detentan el control económico del sector, tanto en el PRI como en Morena, lo mismo que en el PAN y en el PT. Históricamente, los conflictos de interés han dominado la toma de decisiones no sólo en las tarifas, sino en la ejecución de políticas públicas del transporte de pasajeros para imponer sus necesidades.
Hace casi una década, por ejemplo, en el Valle de Toluca se exploró la necesidad de implantar una sola ruta de transporte que unificará los criterios de operación de las más de diez líneas existentes. La apuesta buscaba evitar la oferta excesiva que genera costos de operación poco rentables y transitar hacia un servicio más confortable para los usuarios, sin embargo, la resistencia de quienes son dueños del negocio imposibilitó cambiar el servicio ya ofertado por años.
Durante más de tres sexenios, las autoridades estatales han diseñado y prometido impulsar un servicio de transporte articulado que permita conectar a los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma y San Mateo Atenco. El Mexibús que tiene más de una década funcionando en el Valle de México ha retrasado su implantación en la capital mexiquense por contravenir a los intereses políticos y económicos de los concesionarios del centro del estado.
El impacto económico inmediato lacera profundamente a quienes viven en condiciones de alta marginación y pobreza extrema. Las familias mexiquenses de escasos recursos son además, quienes realizan hasta dos o tres viajes para trasladarse a su escuela o centro de trabajo, debido a la lejanía de sus viviendas con relación al lugar donde estudian o trabajan.
El impacto político será de mediano plazo y afectará irremediablemente a quienes han tomado la decisión de incrementar el costo del pasaje en una proporción mayúscula al aumento de las condiciones salariales de los últimos tres años, cuya consideración ha favorecido a una cúpula empresarial que ha presionado a las élites de la clase gobernante.
En menos de dos años y tres meses, el transporte público ha logrado aumentar el costo de las tarifas en un 50 por ciento, sin embargo, en el mismo periodo la inseguridad en las unidades de pasajeros no ha cedido un ápice pese a las videocámaras y los sistemas de localización.
Mucho menos existe una ruta crítica que haya permitido fijar un plazo fatal para notar una mejora en sus unidades, la capacitación de sus chóferes, los tiempos de traslado, y un largo etcétera, que se ha convertido en un pliego petitorio postergado durante décadas entre los usuarios del transporte masivo.
La historia se repite: aumento a las tarifas que no ponen en consideración sus efectos inflacionarios en agravio de quienes menos tienen, y promesas incumplidas de un servicio deficiente, caro, obsoleto, inseguro y vetusto.
La tenebra
Alejandro Gómez tiene sus vínculos con los Cervantes, y estos también son creación de los sexenios panistas y sus estrategias de seguridad. Algunos recuerdan con poco decoro su paso por la PGR en tiempos de la AFI de Genaro García Luna.
