Francisco Ledesma / La dilación de la justicia
Los últimos feminicidios ocurridos en la ciudad de Toluca, registrados en agravio de aquella estudiante encontrada al interior de una vivienda en Villas Santín y la maestra localizada sin vida en el teatro de la Universidad, dejan la sensación de que se pudieron evitar en caso de que las autoridades hubieran atendido las señales de alerta de las víctimas. Sin embargo, el hubiera no existe.
En todas las direcciones, la Fiscalía General de Justicia se advierte omisa en circunstancias de tiempo y espacio que hubieran sido clave para evitar un entorno de alto riesgo para las víctimas mortales de la violencia de género.
Si hubiera ingresado a tiempo en la vivienda de Villas Santín, bajo la sospecha de que ahí estaba Jessica de acuerdo con la versión de sus padres, es altamente probable que se hubiese encontrado con vida, en el mismo lugar donde días más tarde fue asesinada sin mayor motivo que su condición de mujer.
Si hubiera puesto atención al entorno de violencia que ya había denunciado la profesora Sonia, para evitar en todo momento un acercamiento entre el victimario y su víctima, la muerte de la docente universitaria se habría evitado mediante un sistema de protección más eficiente y oportuno para las mujeres.
En su defensa, la Fiscalía de Justicia pondrá sobre el escritorio que en su tarea no está prevenir la violencia. Y más aún, defenderá su trabajo en función de la aprehensión de ambos feminicidas, que desde ahora se puede anticipar recibirán sentencias condenatorias ejemplares por su responsabilidad delictiva.
Lo cierto es que, las víctimas tuvieron oportunidad de encontrar un mejor sistema de protección que hasta ahora resulta omiso e insuficiente, y que difícilmente podría hacer una policía de prevención; y que es impensable para los órganos de atención psicológica y jurídica que representan los consejos o institutos de la mujer. Ahí es donde otra vez toma relevancia la Fiscalía.
De nada sirve tener Fiscalías especializadas en violencia de género, si se actúa hasta cometidos los delitos, porque las sentencias carcelarias que esperan a sus victimarios no podrán devolver la vida de Jessica o de Sonia.
Es recurrente la displicencia con la que actúan los ministerios públicos y los agentes ministeriales, cuando de por medio existen denuncias por desaparición o violencia de mujeres. Los casos son tan comunes, que permea el desdén de la Fiscalía de Justicia para darle una atención especializada a cada denuncia.
Por ejemplo, en el caso de Jessica, de forma automática las versiones extraoficiales buscaron revictimizar a la muchacha bajo el argumento de que se encontraba al interior de una vivienda de Villas Santín con “su novio”. Cuando los padres argumentaron una y otra vez, que no era su pareja sentimental y se tenían evidencias de que la vida de la joven estudiante corría peligro.
Para el caso de la maestra Sonia, el esquema se repitió de nueva cuenta. La Fiscalía revictimizó a la profesora, ya que horas posteriores a su asesinato corrió la versión de que la universitaria era víctima de violencia intrafamiliar, como si eso quitara importancia al riesgo en su entorno que terminó por quitarle la vida frente a la ausencia del Estado para brindarle protección.
En ambos casos, existe una respuesta sistemática: una dilación para atender los riesgos que padecen las víctimas de violencia de género, la revictimización de las mujeres asesinadas y una omisión profunda para evitar su muerte.
Ningún incremento en el número de sentencias y su alcance en los años de prisión que alcancen los asesinos será suficiente para evitar otro feminicidio. Mucho menos podrá revertir la muerte de ambas víctimas de violencia.
La tenebra
Las aspiraciones de proyectos personales futuros se pueden esfumar en un suspiro. Alguien falló en la seguridad interna de los espacios universitarios, y no me refiero a las pintas en el inmueble, sino a la protección de su propio personal.
La renuncia es lo menos, ya no por negligencia sino por vergüenza.
