La atrocidad e impunidad mostrada la semana pasada sobre lo que ocurría al interior del penal estatal de Neza Bordo, donde internos detentaban el control carcelario para extorsionar a otros presos y mantener actividades delictivas con la complacencia, omisión o negligencia de las autoridades, pone de manifiesto la falta de un proceso de readaptación social en el círculo de impartición, procuración y administración de justicia en el Estado de México.
El gobernador Alfredo del Mazo enfrenta un desafío institucional, hacia un sistema carcelario que no ha sido prioritario durante las últimas tres administraciones, periodo en que únicamente se registró un exponencial crecimiento de la población penitenciaria. Sin embargo, pocas acciones o tareas se han ejecutado para consolidar un proceso de readaptación entre los internos, que en no pocas ocasiones prevalecen delinquiendo al interior de los centros carcelarios, y en muchas veces, cuando salen en libertad mantienen una elevada reincidencia criminal que los regresa con recurrencia a prisión.
El principal problema que registra el sistema carcelario mexiquense es una sobrepoblación y hacinamiento penitenciario, lo que impide un proceso de readaptación entre los internos. Bajo esa lógica, el sistema de procuración de justicia ha pugnado en los últimos años por encontrar medidas alternas de castigo a quienes infringen la legalidad, a través de brazaletes de preliberación carcelaria; así como nuevas soluciones al conflicto penal como la conciliación y la mediación que permitan el resarcimiento del daño.
Otro factor de agudeza en el sistema penitenciario es la corrupción prevaleciente entre directores de las cárceles y elementos de custodia. Durante años, las autoridades penitenciarias han mostrado en operativos de inspección al interior de las prisiones artículos prohibidos: incluidas armas, drogas y teléfonos celulares, lo que abre la oportunidad para que ahí prevalezca la ocurrencia de actos delictivos, a partir de la permisiva corrupción que lo abarca todo.
A pesar de la exhibición de crueldad en las cárceles mexiquenses, a la fecha el protagonismo que tanto caracteriza a quien encabeza la Comisión de Derechos Humanos, hasta ahora ha mantenido un silencio complaciente frente a una sistemática violación de los derechos humanos, en agravio de internos que fueron víctimas de agresiones, tortura, lesiones y la presunta muerte, que habría sido simulado como un suicidio por parte de las autoridades carcelarias.
En el esquema de seguridad, como uno de los pilares de acción del actual gobernador Alfredo del Mazo, resulta un reto inaplazable revisar las condiciones de infraestructura, seguridad, reclusión e integridad que prevalecen en las cárceles estatales. En esencia, recomponer los elementos que integran la readaptación social, implicará efectos positivos de mediano y largo plazo en el combate al crimen y la violencia; además de la reconstrucción del tejido social, y de paso en afrontar la corrupción de los esquemas institucionales.
Empero, es importante que en esa reconfiguración del sistema carcelario participen todas las instancias involucradas, que incluya al Poder Ejecutivo desde su ámbito de competencia; aunado al Poder Judicial, como encargado de supervisar el cumplimiento de sentencias; y finalmente la Comisión de Derechos Humanos, como responsable de garantizar la protección de derechos fundamentales al interior de los espacios carcelarios.
