El próximo viernes 1º de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto entregará ante el Congreso de la Unión su quinto y penúltimo informe de gobierno, con una loza insufrible que se refleja en una altísima desaprobación ciudadana a su mandato, ensimismado junto a su gabinete, por una cauda de corrupción, inoperancia, conflicto de interés, ineficacia e insensibilidad política y social.
El peñismo ha inundado en las últimas horas el espectro mediático, mediante un bombardeo de spots que pretenden reflejar una realidad que parece ajena al entorno de millones y millones de mexicanos. Peña Nieto presumiendo los sectores ganadero y turístico, como ejemplos de la pujanza y el progreso que ha logrado su gobierno, y que ha propiciado bienestar para los mexicanos.
El atlacomulquense ha volteado la mirada a los presuntos avances de su gobierno, en una situación que contrasta con el silencio, la omisión y la ceguera que ha caracterizado a su mandato, cuando se trata de atender los escándalos que han lacerado su sexenio: desde la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa hasta la presuntuosa vivienda adquirida al Grupo Higa, pasando por el socavón de la corrupción en infraestructura, la vergonzosa fuga del Chapo Guzmán -pese a su recaptura-, su postura permisiva frente a Donald Trump, el gasolinazo que ha golpeado a la economía familiar y los desfalcos de los gobernadores priístas de una supuesta nueva generación.
En la estrategia mediática de su quinto informe, Enrique Peña retomó aquella idea de campaña por recorrer sitios emblemáticos del país, y demostrar con la impostura de su discurso verbal y no verbal, que la transformación que prometió en su proselitismo se comienza a plasmar, para lo cual mantiene un diálogo abierto con ciudadanos de a pie impulsores o benefactores de ese cambio.
Sin embargo, está claro que el peñismo ha abandonado su defensa por las once reformas estructurales, que significaron la premisa del Pacto por México, de la construcción discursiva y del proyecto de gobierno en sus primeros dos años, pero que han derivado en un profundo rechazo social y con resultados profusamente cuestionables ante el horizonte energético, fiscal y laboral.
En el pasado han quedado aquellas promesas de campaña, en las que se volvía una prioridad mejorar la situación económica de las familias mexicanas, revertir la condición de inseguridad que heredaba el calderonismo, así como castigar severamente a la corrupción -que ha desnudado a la clase gobernante-, en planteamientos que han resultado sistemáticamente incumplidos.
Peña Nieto ha entrado en la recta final de su gobierno, más preocupado por la definición de la candidatura presidencial priísta, que por cumplir sus promesas de campaña y las altas expectativas creadas hace cinco años. El mexiquense ha abandonado su perfil pragmático, en cuyo juego prefirió apostar su popularidad a cambio de las reformas estructurales, y ahora enmendar su discurso por aquellas cifras con saldo positivo en los últimos cinco años.
Hacia la elección presidencial, Peña Nieto busca acallar infructuosamente las críticas a su mandato, pero lo hace con omisiones deliberadas de aquello que no pudo cumplir o resultados que no se consiguieron por las reformas. En el discurso, Enrique Peña ha retomado su papel de candidato eterno, para arrancar una nueva campaña electoral y tratar de imponer -como ya lo hizo en el Estado de México-, primero al abanderado de su partido, y posteriormente, a su posible sucesor en Palacio Nacional.
La principal apuesta de Enrique Peña ahora no son las promesas, su popularidad o las reformas, su apuesta es la corta memoria de los votantes y el clientelismo electoral que ya demostró su eficacia en su tierra natal, y en el triunfo de su primo, el priísta Alfredo del Mazo.
