Por si algo le faltará al gobierno de Enrique Peña Nieto en la serie de calamidades que parecen perseguirle en los últimos diez meses de su administración, en la víspera de su tercer informe de labores se ha puesto en evidencia el fracaso de su política social, pues en dos años aumentaron en dos millones de mexicanos la población en condición de pobreza con respecto a la estadística de 2012, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Uno de los programas insignia de la administración peñista ha sido la Cruzada Nacional contra el Hambre, sin embargo, pese al despliegue institucional y el despilfarro presupuestal en la política asistencial, el Gobierno de la República no ha cumplido con sus expectativas por atemperar los índices de marginación en el país.
Otro aprendizaje, en que las autoridades no reparan, consiste en que las cifras macroeconómicas simplemente no empatan con la realidad económica de las familias mexicanas. Es decir, la economía -y los índices de pobreza así lo confirman- se ha instalado como parte de la agenda en tanto que se ha vuelto una preocupación para el ciudadano, con una evaluación negativa del desempeño gubernamental en este rubro.
Ahora que el gobierno peñista decidió cambiar el nombre, del programa Oportunidades bautizado por las administraciones panistas, al Prospera que su gestión pretende construir en un esquema mucho más amplio hacia programas educativos, económicos y productivos, las cifras se han topado ante algo irrefrenable: la riqueza se concentra en un puñado de la población y la pobreza parece una fiebre expansiva sin remedio.
La preocupante política neoliberal que han encabezado los gobiernos tecnocráticos de los últimos 35 años en el país, ha profundizado su vocación privatizadora y reduccionista en la intervención del Estado en la economía, mediante las reformas fiscal y energética, lo que no advierte un panorama alentador en una sociedad cada vez más desigual, con agudizadas brechas en lo económico y en lo social.
La estadística de pobreza para el Estado de México no resulta un asunto menor, en la medida en que paralelamente también despliega de forma permanente programas asistenciales que sólo parecen un paliativo a familias marginales, excluidas del desarrollo humano al que debe aspirar toda sociedad democrática.
La política social de los gobiernos parece más un mecanismo clientelar que bajo esquemas electorales pretende lucrar con una condición lacerante en agravio de familias que no cuentan siquiera con lo indispensable para sobrevivir.
El combate a la pobreza no puede ser un problema relegado, sin la actuación de los gobiernos subnacionales, en el que la administración del Estado de México debiera asumir parte de su responsabilidad en el fracaso de la política social.
El Estado de México es la entidad que mayores recursos presupuestales ejerce, presume además de invertir cuantiosas cantidades financieras al gasto social, sin embargo, todo ha resultado un fracaso ante la prevalencia de las desigualdades, pero particularmente un ensanchamiento en los grados de marginación y exclusión, sin distingo de zonas urbanas o rurales.
Durante la primera década del siglo XXI, los priístas atizaron sobre los índices de pobreza en contra de los gobiernos panistas. Hoy, el escenario se ha modificado en lo político pero no en lo social. Con una noción convenenciera, el PRI ahora permanece omiso a las cifras devastadoras de su discurso y el PAN ha arremetido en contra del actual gobierno.
Lo indispensable sería dejar al asunto de la pobreza como un tema de rentabilidad electoral, ya sea mediante su agudeza clientelar o la crítica partidista, para construir un país que acorte las distancias entre los que menos tienen que son muchos respecto de los que tienen mucho que son los menos.
