El periodismo en México enfrenta una de las peores crisis, y no precisamente por un colapso financiero en las empresas informativas, o por una pérdida en la credibilidad o carencia de profesionalismo de su quehacer informativo; sino por la ausencia e incapacidad del Estado mexicano para otorgar las garantías necesarias e indispensables en el ejercicio de su libertad de expresión.
Ayer, el rotativo norteamericano The New York Times develó tareas del gobierno mexicano que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto encaminadas al espionaje de periodistas y activistas sociales, lo que resulta reprobable y condenable, en la medida que desde las instituciones del poder público se vulnera la vida privada, los datos personales y la integridad de las personas.
En los hechos, se pone de manifiesto que desde el gobierno se dispone de recursos financieros, materiales y humanos para promover el espionaje hacia periodistas como Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola y Daniel Lizárraga, lo que manifiesta estar más preocupado por conocer sus actividades, sus fuentes, sus contactos y su círculo cercano, que por la tarea irrenunciable que debería tener todo gobierno por fortalecer y elevar la calidad de la democracia.
Un periodismo libre es resultado de un gobierno democrático, sin embargo, con las revelaciones de espionaje expuestas, el sexenio peñista acaba de las peores formas, enmarcado por un tufo de censura ante la presunta incidencia para desaparecer los espacios radiofónicos de Carmen Aristegui y Pedro Ferriz; pero hoy exhibidos como un gobierno que espía, que escarba, que pretende socavar la tarea informativa que le incomoda, que le aqueja y que le es inconveniente.
Esto es incluso más grave que los homicidios perpetrados en agravio de periodistas, en tanto que la violencia se encuentra agudizada en estados dominados por el narcotráfico, la cual puede ser identificada, castigada, y simuladamente combatida desde el gobierno; mientras que el espionaje es oculto, ilegal, permisivo, generalizado, con la intención de invadir la vida privada, por lo que atenta contra el trabajo, la familia y los amigos, y en este caso en particular, ha sido presuntamente ejecutado por el gobierno.
El hecho que no se use un espionaje tan sofisticado para todos los periodistas, no quiere decir que no lo hagan con quienes ejercen su tarea con libertad, sin prejuicios, sin lamentaciones, sin censuras, y sin intereses oscuros.
El espionaje hacia periodistas desnuda una posición inequívoca, para el gobierno de Peña Nieto los medios de comunicación no son interlocutores con la sociedad, sino opositores de su apuesta por obtener y permanecer en el poder público.
En el ADN de la clase gobernante del país prevalece una idea que taladra cada que se publica una información incomoda, que apunta a que toda postura periodística manifiesta un interés político o económico, y bajo esa lógica es justificable combatirlo, aplastarlo, vencerlo, y por supuesto, espiarlo.
Enrique Peña está ante la oportunidad inédita por reivindicar la posición de estadista que soñó con sus reformas estructurales, y que se han convertido en un lastre histórico. No obstante, lo que hasta ahora se advierte es la cerrazón de un eventual diálogo con el gremio periodístico, hoy agraviado por las muertes de decenas de reporteros, por la censura directa o indirecta provista desde las instituciones del Estado, y muy lastimosamente por un espionaje que ha herido de muerte la privacidad, la libertad, la dignidad y la integridad de quienes no aplauden, pero hacen su trabajo con pasión y profesionalismo.
