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La violación a la ley electoral parece ser en el Estado de México un asunto menor, en la que sistemáticamente han incurrido autoridades mexiquenses en un par de ocasiones en menos de un año sin consecuencias mayores.

Ya sea por descuido, omisión o deliberadamente, los encargados de la comunicación social y la imagen del gobernador Eruviel Ávila, han vulnerado las leyes electorales en su afán de promocionar al mandatario estatal, pero hasta ahora los procesos sancionadores parecen insuficientes para corregir las conductas o resarcir los daños generados en el contexto social en que han incurrido los hechos.

Hace casi un año, el equipo cercano a Eruviel Ávila determinó promocionar el tercer informe de gobierno, con lo que se violaron disposiciones electorales, cuya propaganda se extendió por medios electrónicos que rebasaron los límites del Estado de México. En su oportunidad, el Instituto Nacional Electoral dictaminó que el gobernador mexiquense había incurrido en actos ilegales de promoción para dicha propaganda gubernamental.

En la víspera, en pleno proceso electoral se corroboró que Ávila realizó la promoción de su gobierno aun cuando existía una veda propagandística en razón de los comicios que estaban en curso. Nuevamente el órgano electoral nacional se pronunció por una transgresión de las leyes electorales por parte de las autoridades mexiquenses.

En ambas ocasiones, el INE validó la violación a las normas electorales vigentes, pero al carecer de facultades sancionatorias, turnó esa facultad a la legislatura mexiquense dominada por el mismo partido político al que pertenece Eruviel Ávila. Con displicencia, los legisladores sólo han amonestado al gobernador para que las cosas ya no se repitan, exonerándolo de cualquier responsabilidad de la ilegalidad cometida.

En conclusión se puede entender que la legislación electoral resulta imperfecta, en tanto que tiene claridad sobre las prohibiciones de promoción gubernamental, pero no existe un rasero sancionador hacia quienes infringen las leyes electorales.

Poner la dictaminación del cumplimiento de la ley electoral a un órgano autónomo, y el proceso sancionador a una institución parte del régimen, simplemente no tiene la conexión necesaria. Bajo la lógica de que el gobernador Eruviel Ávila tendrá el dominio de la próxima legislatura, por lo que resta de su mandato, podría suponer una violación sistemática de la ley electoral bajo la seguridad de que no va a ser sancionado por la complicidad, lealtad y sumisión con que actúan los legisladores de su partido.

En la medida en que las sanciones asumidas, ausentes de implicaciones legales o administrativas, poco pueden inhibir la violación de las leyes electorales.

Como premisa pendiente, también se encuentra determinar el daño generado en la promoción indebida de Eruviel Ávila ya sea durante su tercer informe de gobierno, al propagar sus actividades fuera del estado; pero particularmente los efectos de la difusión de logros en pleno proceso electoral con las implicaciones que tales acciones pudieron haber tenido en los resultados de los comicios del pasado 7 de junio.

El esquema, cabe decirlo, es insuficiente pero no sólo para el gobernador Eruviel Ávila. En el proceso electoral recientes, gobernadores de otros partidos políticos incurrieron en una violación a la ley comicial, pero en todos los casos, los procesos sancionadores serán responsabilidad de legislaturas estatales con dominancia del partido en el poder.

Por tanto, la nueva reforma electoral que muy probablemente ocurrirá antes de la sucesión presidencial, deberá considerar no sólo actos ilegales sino las penas o sanciones que deberán contemplarse para quienes no respeten las leyes vigentes.

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