Emir Garduño Montalvo se ha erigido en las últimas semanas en un emblema del deterior a la reputación personal que pueden causar las redes sociales, pero se ha convertido en una muestra aprovechada por la procuración de justicia selectiva para demostrar ante la opinión pública sobre el combate a la impunidad, según las declaraciones propias del gobernador Eruviel Ávila.
A pesar de sentirse intocables por sus vinculaciones políticas, Garduño Montalvo ha caído en desgracia dentro de un linchamiento mediático que lo ha posicionado como el enemigo número uno de la autoridad ministerial mexiquense. Con una prontitud inusitada, la Procuraduría General de Justicia ha puesto al empresario tras las rejas acusado de lesiones y daño en los bienes.
Si bien, Emir Garduño enfrenta fuertes imputaciones, no es ni por asomo de las prioridades que debería asumir la procuración de justicia, en un estado que acumula saldos negativos en su combate a la delincuencia. El historial del #LordRollsRoyce no tiene parangón en las premisas que debieran marcar la agenda pública de una institución que carga con un fuerte descrédito.
Hoy, la procuración de justicia ha respondido a un impulso mediático, que coincide incluso con la agenda periodística del noticiero televisivo nocturno de mayor audiencia en el país. No es siquiera parte de una exigencia social que ponga en la lista de prioridades abatir la impunidad de quienes día a día, laceran la paz social del municipio, en donde se encuentran las más altas cifras de incidencia por homicidios, violaciones y secuestros.
Mientras sistemáticamente, las autoridades estatales han sido omisas para atender, por ejemplo, la ocurrencia preocupante de feminicidios en el estado, hoy pone toda su entereza y disposición para encarcelar a un hombre, que si bien pareciera estar involucrado en actividades ilícitas no tiene la peligrosidad de otros, que gozan de esa justicia selectiva que tanto lástima a las instituciones.
Ahora bien, en el caso de Emir Garduño Montalvo, lo que está a prueba de las autoridades ministeriales es su capacidad para solventar las imputaciones en contra de un empresario, que está acusado incluso en otras entidades del delito de fraude. Su responsabilidad será recabar las pruebas necesarias para castigar a un personaje que ha tomado notoriedad y lanzar el mensaje contundente de aplicación de la ley, sin importar sus vínculos políticos y sus necesarios privilegios, a los que pretende acudir para librar las acusaciones que enfrenta.
Otro factor que no puede dejarse de lado, es que Emir Garduño encarna a un sector de la clase empresarial y política del estado, que apelan a su abundante riqueza económica y su empoderamiento político para conducirse al margen de la ley o fuera de ella. Las pruebas y testimonios proliferan en su contra.
Vivir en la frivolidad que otorga el dinero y el abuso del poder que concede la política no puede ni debe seguir rigiendo a una clase patronal y gobernante, que han hecho de las relaciones públicas, el influyentismo necesario para hacer negocios y torcer la ley, bajo una perniciosa protección de esa misma justicia selectiva, que hoy presume aplicar todo el peso en el combate a la delincuencia.
