En el proceso electoral que se desarrolla en el Estado de México, los partidos políticos -particularmente de oposición- han comenzado a acusar que existe una deliberada participación de militantes priístas en la conformación de los consejos electorales municipales y distritales, lo que pone en riesgo la equidad de la contienda del año entrante donde se renovarán los 125 ayuntamientos y las 75 diputaciones de la Legislatura Estatal.
La militancia manifiesta por algunos de los próximos consejeros municipales o distritales vulnera la certeza en una elección que enfrentará desafíos amplios, luego del cerrado y cuestionado triunfo del gobernador Alfredo del Mazo, favorecido por las circunstancias políticas y sociales, de gobiernos priístas que actuaron deliberadamente a su favor, y marcaron diferencias sustanciales para evitar que la oposición ganara en la elección de junio pasado.
En las primeras pistas de los comicios locales del año entrante -que además serán concurrentes con la elección presidencial-, se anticipa la prevalencia de un árbitro electoral con dificultad de fijar reglas que otorguen equidad, certeza, independencia y autonomía, como marcan sus preceptos, pero no sólo a favor de los partidos políticos y futuros candidatos, para evitar vacíos, inconsistencias u omisiones que resulten en conflictos o impugnaciones postelectorales.
En esencia, se trata de incentivar la participación ciudadana a partir de otorgar reglas claras, y consolidar consejos municipales y distritales que no tengan mayor interés, más que el de construir elecciones equitativas y libres. En contraparte, los procesos electorales, el proselitismo y las campañas caracterizadas por contrastes y acusaciones como las que han comenzado a proliferar, desalientan la participación electoral, y dan ventaja al nocivo abstencionismo que pronunciadamente marca grandes diferencias en las democracias en proceso de construcción.
La calidad de la democracia a la que aspiramos en el país, y particularmente en el Estado de México, debe transitar porque los gobiernos y los partidos, renuncien a la seducción de incidir en la conformación y toma de decisiones de los órganos electorales. Una democracia sin equilibrios para todos los contendientes, deriva en elecciones de profundos cuestionamientos y cuyos resultados son rechazados por amplios sectores del electorado, con graves riesgos de legitimidad y gobernabilidad para los vencedores de la contienda.
Ahora bien, es de reconocer que la existencia de “militantes” partidistas en la conformación de los consejos municipales y distritales, sólo exhibe la falta de interés ciudadano para ser parte activa de la toma de decisiones y de la vigilancia de las próximas elecciones, entendiendo fallidamente que su responsabilidad social se limita a la participación electoral el día de los comicios.
Es inaplazable que los partidos, los gobiernos, los candidatos y los gobernantes diseñen fórmulas necesarias para avanzar en la calidad de la democracia con elecciones más independientes, libres y autónomas, y no sólo avanzar como hasta ahora, en reglas electorales que inhiben anomalías del pasado pero pierden en el horizonte las condiciones sociales de las elecciones futuras.
El diseño de sus leyes se limita a construir acciones permisibles para violar las reglas y ganar quien hace mayores o mejores trampas, y cuyo resultado es devastador, porque el gran perdedor es el votante.
