El arranque de nuevas administraciones municipales en el Estado de México exige de una recomposición institucional encaminada a que la sociedad en general recupere la confianza en sus autoridades y su desempeño apegado a la legalidad y la transparencia.
El acentuado y creciente abstencionismo registrado elección tras elección, da una muestra indubitable de la apatía y del descrédito que padecen las instituciones democráticas, los procesos electorales, las autoridades gubernamentales y los gobiernos municipales.
Es momento de que los presidentes municipales restituyan su vocación como las autoridades más cercanas a la ciudadanía, como parte de reencontrar su papel por atender necesidades inmediatas y urgentes, de las cuales otros ámbitos de gobierno no atienden.
Gran parte de recuperar la confianza social transita por la necesidad de otorgar certeza sobre la transparencia en el ejercicio público, frente al halo de corrupción que ha inundado instituciones y lacerado la credibilidad de la clase política, que en repetidas ocasiones observa en el servicio público un mecanismo de enriquecimiento inexplicable e insultante.
Otro de los grandes desafíos que enfrentan los Ayuntamientos entrantes, implica aumentar su capacidad recaudatoria para hacerse de recursos propios que les permita el cumplimiento de sus promesas de campaña, aun cuando eso represente asumir costos políticos. Esa posibilidad, abrirá espectros para el desarrollo de infraestructura municipal, en acciones a las que los gobiernos Federal y Estatal no alcanzan ya sea por insuficiencia presupuestal o el rebase de sus responsabilidades legales.
Por otra parte, se deben generar ejercicios transparentes en las entrega – recepción, lo que representa incluso proceder administrativa y penalmente en caso de encontrar conductas irregulares por parte de las autoridades salientes. En esa lógica, no debiera existir colusión, omisión o negligencia para encubrir acciones ilegales, tan sólo por representar intereses partidistas o de grupo.
Hoy las autoridades municipales tienen la necesidad de dar resultados inmediatos y tangibles, ante la posibilidad legal que tendrán dentro de tres años para buscar la reelección. En esa lógica, los electores estarán en posibilidades de evaluar a quienes pretendan reelegirse, y convertir los comicios en un referéndum para ratificar o retirar su apoyo a quienes apenas en junio pasado ganaron en las urnas.
En síntesis, la clase política deberá hacer de su ejercicio de gobierno una rendición de cuentas permanente, para que el electorado tenga condiciones de evaluarlos, y en su caso de recuperar su confianza en sus autoridades municipales.
