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En la víspera, el gobernador Eruviel Ávila ha pretendido erigirse como un hombre demócrata al haber propuesto la semana pasada la configuración de gobiernos de coalición, como un mecanismo de construir consensos y proyectos de gobiernos de largo alcance en atención a la pluralidad política que caracteriza a la representación electoral de la entidad, pero que dista mucho de su comportamiento como mandatario y como político a lo largo de su trayectoria personal.

La propuesta que entraría en vigor a partir de 2017, cuando en el Estado de México se renovará la gubernatura, se contempla como una apuesta política de gran apertura que sin duda implicaría proyectos de gobierno incluyentes, mediante la incorporación de propuestas políticas de todos los partidos posibles, quienes además serían factor determinante para la aprobación de integrantes del gabinete, y dejar de lado con ello las componendas políticas o bien el fortalecimiento de la élite política estatal.

No obstante, la conducta priísta genera dudas y escepticismos sobre la conformación de gobiernos de coalición, en un estado en el que se carece de alternancias políticas en la gubernatura y con la dominancia por más de 80 años de un partido único, que observa en la sucesión del Poder Ejecutivo una especie de herencia monárquica.

En los últimos doce años, el PRI ha conformado simuladamente alianzas electorales con una especie de partidos “satélite”, como han funcionado el Partido Verde y Nueva Alianza, pero que en los hechos sólo le ha permitido sortear una sobrerrepresentación en la legislatura estatal y ha generado que algunos priístas ocupen posiciones legislativas bajo otros emblemas partidistas. Por lo tanto, sería un grave desperdicio que los gobiernos de coalición a los que ha hecho referencia Ávila Villegas se limitaran al armado de acuerdos entre el partido en el gobierno y sus aliados pequeños tradicionales.

Además en su comportamiento electoral, los gobernadores priístas, y en cuya lógica Eruviel Ávila no es la excepción, han pretendido elección tras elección hacer de la maquinaria comicial ejercer una apabullante predominancia para ganar la mayor cantidad posible de ayuntamientos y legisladores, lo que implica una conducta suficiente para entender que buscan desaparecer e invisibilizar a sus contendientes.

En esa circunstancia hegemónica, al PRI siempre le ha importado ganarlo todo, con una operación política al margen o fuera de la ley, por lo que resulta impensable que tiendan la mano del consenso y la pluralidad para sus adversarios electorales por antonomasia, hoy identificados por el PAN, el PRD y el Morena, que palmo a palmo mermaron la dominancia del PRI en los comicios del pasado mes de junio.

Lo deseable, sería que desde ahora el PRI promueva la figura de los gobiernos de coalición a partir de los ayuntamientos que entrarán en vigor en enero próximo. Aunque sin estar en ley, la figura de coalición desde los gobiernos locales sería un aporte político y una voluntad democrática manifiesta por fortalecer la pluralidad electoral que enriquece a la entidad y reconoce su diversidad a lo largo y ancho de la entidad.

Sin embargo, en el caso de reducir la propuesta de gobiernos de coalición hasta el 2017 y con las limitantes que implicaría la alianza del PRI con sus aliados ya tradicionales, la propuesta quedaría reducida a una mera simulación sin un cambio de rumbo en la calidad de la democracia, y abonando al fortalecimiento de un partido único.

Los gobiernos de coalición, sin duda, deben caracterizar una nueva cultura democrática del país y del estado, para lo cual se requiere de acuerdos, diálogos, consensos y acciones conjuntas que posibilite la construcción de gobiernos de largo plazo con la intervención de todos los partidos; así como la asunción de responsabilidades de grupos de interés más amplios y diversos.

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