Poco a poco avanza el proceso para reconocer oficial y legalmente los resultados de la elección del pasado 4 de junio, que dio como ganador y futuro gobernador del Estado de México al priísta Alfredo del Mazo Maza, en medio de un descontento social atribuible a un presunto fraude electoral, que pese a la sospecha y a las consideraciones de una elección de Estado, simplemente no se pueden documentar para revertir o anular los comicios mexiquenses.
Con la amplia presencia de funcionarios federales y estatales previo a las campañas electorales, dedicada a la repartición de dinero en efectivo, tarjetas gubernamentales y programas asistenciales para atender a las distintas clientelas de la sociedad mexiquense, hay suficiente evidencia de que prevaleció una competencia electoral en amplias desigualdades con profundas ventajas para el partido político en el poder y su candidato a la gubernatura.
Sin embargo, pese a las denuncias de partidos políticos, medios de comunicación y plataformas digitales, las autoridades electorales se mantuvieron al margen, ante la imposibilidad legal por demostrar que la permanente asistencia de funcionarios federales y estatales tuviera una connotación proselitista.
Es decir, las leyes electorales vigentes para garantizar que las instituciones doten de equidad, autonomía, libertad y certeza a las elecciones, resultan insuficientes para ciertas conductas que resultan permisibles, y que los partidos políticos y sus candidatos -sin distingo de su ideología política- utilizan como estratagemas para coaccionar el voto sin que exista una evidencia de eventuales delitos electorales que pongan en duda los resultados de la contienda.
Las mismas leyes electorales que impiden a los órganos electorales actuar en la víspera y durante las campañas ante posibles conductas irregulares, serán las que tengan en consideración los tribunales electorales para resolver aquellas impugnaciones que desde la oposición se han presentado para revertir o cancelar la elección. Por lo mismo, anticipadamente se puede establecer que muchas de las conductas, acciones u omisiones que se impugnarán tampoco están en la consideración jurídica de los órganos jurisdiccionales, y no impedirán oficializar en el proceso legal el triunfo del priísta Alfredo del Mazo.
En resumen, muchas de las trampas, conductas, acciones, omisiones y estrategias implementadas por los partidos y candidatos, y que se han demostrado influyen en el desarrollo desigual de una contienda electoral, deberán ser añadidas en el marco legal para comicios próximos. Lo cierto es que las reformas legales se advierten inviables rumbo a las elecciones del año entrante, donde se renovará la Presidencia de la República, la Legislatura Federal y Estatal, y los 125 Ayuntamientos, en tanto que cualquier eventual modificación debería ser aprobada antes del mes de septiembre entrante.
Por lo tanto, la estrategia que fue impuesta en la elección pasada, puede ser una herramienta disponible de ejecutar, dada su eficacia para consolidar sus estructuras electorales basadas en el clientelismo político, pero sobre todo por ser acciones, estrategias y razones que la ley no prohíbe, y que por lo tanto están permitidas para influir en las elecciones del próximo año.
Aun cuando existe un agudo desprestigio, una profunda desaprobación y un innegable rechazo al partido en el poder, faltando ocho meses para arrancar la contienda, el marco legal, el ejercicio del gobierno y sus propias estructuras electorales lo ponen con una ventaja rumbo a la elección presidencial.
