A una semana de que se lleven a cabo las elecciones intermedias en el país, que incluyen comicios federales y locales para el Estado de México, el saldo inmediato de análisis que deberán realizar los partidos políticos, será un nuevo e inmediato ajuste a la reforma electoral imperfecta aprobada hace un par de años como parte del Pacto por México, que ha arrojado una normativa de alta complejidad en temas de fiscalización e insorteables en equidad de género y la renovación generacional.
Acostumbradamente, los legisladores mexicanos han hecho de las reformas electorales una condición hacer ajustes a condiciones adversas que enfrentaron los partidos políticos en la más reciente elección, pero dejan de lado los futuros conflictos que pueden causarse en razón de las modificaciones jurídicas previstas.
En una analogía con la conducción de un automóvil, se establece que las reformas electorales en México tienen la tendencia de mirar el retrovisor pero cometen el error de no fijarse en el parabrisas, y las consecuencias en muchas ocasiones representan mayor complejidad de lo que se pretendió evitar o inhibir.
En la actual legislación electoral, la fiscalización de las campañas electorales ha llegado a condiciones que limitan el gasto para partidos y candidatos, pero particularmente el derroche de la campaña por aire; incluso donde la oposición tenía condiciones de equilibrar la posibilidad de posicionamiento de sus candidatos.
Otro factor de análisis es la equidad de género, que condiciona a los partidos políticos a destinar el 50 por ciento de candidaturas a mujeres, sin que ello represente que la legislatura federal o local se vaya a conformar por la mitad del género femenino. La razón es simple, muchos partidos mandaron a candidatas en distritos donde difícilmente tendrán posibilidad de triunfo, además de que la disposición vulnera los procesos internos de los partidos, que debieron reservar muchas postulaciones a la designación directa para cumplir con la paridad.
Además la ley electoral, también obliga a postular en el 30 por ciento de candidaturas a jóvenes menores de 35 años, una situación que pretendía la renovación generacional de la clase política, pero que simplemente asentó la existencia de cacicazgos en muchas regiones mexiquenses, cuyos liderazgos vieron la oportunidad idónea de legitimar la herencia del poder.
Sin distingo de partidos políticos ni municipios, la paridad de género y la renovación de cuadros, legitimó la permanencia de la élite política en el poder público, mediante una herencia del trono que poseen presidentes municipales, exalcaldes y diputados, sin que se haya cumplido a cabalidad la intención de la reforma electoral antes dicha.
La fiscalización de las campañas electorales, dedicada a generar condiciones de equidad en la contienda, también parece insuficiente, en tanto que el partido en el poder saca provecho del posicionamiento electoral frente a quienes hicieron campaña en apenas 34 días de proselitismo, insuficientes para revertir tendencias electorales.
Aunado a que su intención por evitar una coacción del voto e inhibir el derroche financiero, frente a casos como las tarjetas de Soriana y Monex, tampoco han podido borrarse del contexto de las campañas, cuando proliferan en todos los partidos prácticas clientelares por movilizar el voto y buscar el triunfo electoral sin importar las formas de conseguirlo, en esa ambición política por el poder público.
A esas circunstancias, también habrá de sumarse la posibilidad de la reelección para diputados federales, locales y alcaldes, que será vigente a partir de los próximos comicios, en un escenario inédito para el México moderno, y en el que se jugará la credibilidad por establecer elecciones limpias, en una especie de referéndum para los gobernantes que busquen repetir en el cargo dentro de tres años.
Anticipadamente pues, se puede establecer un nuevo fracaso de las reformas electorales avaladas en 2013, y la consecuente modificación de la legislación previo a la elección presidencial de 2018, donde el gran reto deberá ser la construcción de una ley electoral que vea para adelante y no sólo a corregir los errores de la elección inmediata anterior.
