Juan Carlos Núñez Armas*
Imaginen, lectoras/es que el día primero de enero, que inician las administraciones municipales, éstas no estuvieran obligadas a decirles cuánto costaron sus ceremonias de toma de protesta, que no pudieran saber cuánto gastan en obras, a quien contrataron para desarrollar proyectos, o qué presupuesto dedican a servicios públicos. Más aún, imaginen que un día el gobierno les quitara sus casas y no pudieran decir nada, ni tener ninguna defensa en su legítimo derecho de reclamar lo que le es suyo. Este escenario hipotético, se pretende que sea realidad en el gobierno federal.
Nuestra democracia incluye una serie de valores que se han convertido en un marco que da pie a nuestra legislación. Parte de ello son las normas para fortalecer el poder ciudadano y con ello limitar el poder público ante los excesos y excentricidades que los gobiernos de partido único o autoritarios tenían como pauta.
Así, por ejemplo, en el sexenio de Vicente Fox se impulsó y legisló en materia de transparencia y son varios quienes la padecieron, pero nunca se les ocurrió de plano eliminarla. Por ejemplo, por medio de esa primera ley fue posible enterarse de casos como el toallagate, el Pemexgate o los contratos de los hermanos Bribiesca. En tiempos de Calderón fue imposible ocultar los muertos de la “guerra contra el narco” o el escandaloso gasto en la Estela de Luz. Con Peña ni se diga, la lista sería muy larga, así que baste con unos ejemplos: la Casa Blanca, la Estafa Maestra, los contratos con Odebrecht. No olvidemos que muchos de estos actos de corrupción fueron utilizados por el actual presidente en su narrativa (campaña que duró más de 12 años) para exhibir a sus adversarios.
Lo cierto es que la tendencia a ocultar aspectos que a los gobernantes les son incómodos ha sido permanente. Por ejemplo, el actual mandatario, como jefe de gobierno, ocultó los contratos de los segundos pisos. De forma curiosa, la semana que concluyó se publicó un acuerdo administrativo (conocido como el decretazo) justo para cancelar la posibilidad de acceder a la información generada por las acciones de las personas servidoras públicas. Quiero destacar dos elementos del contexto, primero la presentación de un reportaje sobre lo que parecen evidencias contundentes de los malos manejos del Ejército al contratar indiscriminadamente, sin cumplir con la ley, las obras que realiza. Segundo, el discurso del Secretario de la Defensa, en el aniversario de la Revolución, quien violando la neutralidad política que caracteriza a las fuerzas armadas no sólo manifestó la adhesión de éstas al proyecto político del presidente, sino que incluyó en su intervención la siguiente frase: “Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto”.
Tampoco es nuevo que el actual gobierno oculte aspectos que debieran ser públicos, como la reserva de la información sobre la liberación de Ovidio Guzmán, la operación de la DEA en nuestro país, las muertes de Tlahuelilpan, Hidalgo, los contratos de la compra de vacunas contra COVID y su aplicación, la construcción de la nueva refinería y el tren maya, etc. También es claro que declarar de interés público y de seguridad nacional la realización de proyectos y obras de infraestructura a cargo del gobierno de México, parece ser violatorio de la Constitución puesto que se elimina toda la legislación secundaria aplicable y se asume que con tres artículos sea la norma de todas las dependencias gubernamentales.
La transparencia es un derecho de los ciudadanos. No debe ser la moralidad de un gobernante, su convicción de “si yo lo hago todo está bien y si lo hacen otros todo está mal”, el criterio que se aplique para reservar la información. Estas decisiones caracterizan a, según la experimentada y prudente voz de Krauze, un gobierno “autócrata”, por decir lo menos.
Cuando se les ordena a los militares intervenir en asuntos que debieran ser responsabilidad puramente civil, se acepta tácitamente que algo no está funcionando. Cuando se tiene que emitir un acuerdo para que las dependencias gubernamentales “agilicen” los procesos que son de máximo interés del gobernante, entonces se evidencia la ineficiencia del propio gobierno. Para que todas las dependencias entreguen en 5 días permisos y autorizaciones se debe suprimir la ley y el peligro de malas decisiones es mayor. Y baste como ejemplo, de las consecuencias peores y mayores, la caída del metro y de la escuela Rébsamen, ambas tuvieron autorizaciones rápidas en sus procesos de construcción y, por cierto, nuestra mexicanísima “mordida” también es un método de “agilizar” trámites.
Que los militares hoy tengan tanto poder es atentatorio de nuestra democracia. En términos de guerra militar, estamos ante un ejército que avanza y amplía sus territorios, ¿cómo lo haremos retroceder? El poder que ahora tienen invariablemente se verá reflejado en cuanto al poder político. No descartemos la posibilidad de que en la sucesión del 2024 las fuerzas armadas, debido al poder adquirido, intenten tomar decisiones por encima y fuera de Palacio Nacional. Allí radica la enorme gravedad de este asunto.
Ciertamente veremos en próximos días el litigio legal que puede ser: a) la controversia constitucional (como ya dicho el INAI), b) la acción de inconstitucionalidad por parte de algún partido político o los legisladores y c) amparos, que puedan promover diversos particulares u organizaciones. Aunque no le gusten al presidente son la vía para proteger los derechos de los ciudadanos.
Así que amigas y amigos, la resolución de este entuerto, parece centrarse en el poder judicial. De ahí la importancia de mantener el equilibrio de poderes, aunque recordemos que, en este poder, el presidente también ha impulsado a sus amigas/os leales, aunque no tengan la preparación adecuada.
Si las/os ciudadanas/os no defendemos nuestros derechos terminaremos por perderlos. Debemos declararnos en pie de lucha para no caer en la regresión que cancele los derechos civiles que tanto esfuerzo ha costado mantener en el escenario. La gran alianza ciudadana debe darse por la defensa de nuestra libertad, de nuestro derecho a la información, a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la defensa del estado de derecho y a respetar las leyes, empezando por el mismo gobierno. Si la lucha más importante que debemos de dar las/os mexicanas/os es contra la corrupción el decretazo la anula porque da pie a mayor opacidad y discrecionalidad, o sea más corrupción. Digamos no a la regresión.
El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM. Y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
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