Toluca, Edomex. 31 de octubre de 2018.- El desafío criminal que enfrenta el Estado de México ya no puede limitarse, a la siempre justificable densidad demográfica. Los escenarios de los últimos meses evidencian una descomposición social, y una preocupante presencia de grupos del crimen organizado, que lo mismo se enfrentan entre civiles que ultiman a cuerpos policíacos. Las estrategias de seguridad de las últimas dos décadas manifiestan un fracaso institucional que debe asumirse con prontitud. La nota roja inunda la agenda pública y se profundiza en la percepción social.
La delincuencia común también forma parte de una descomposición absoluta. Las familias mexiquenses viven en la zozobra. La percepción de inseguridad en las ciudades más pobladas del estado exhiben la prevalencia de una lacerante incidencia delictiva. Los registros oficiales ponen de manifiesto una creciente estadística de asaltos, extorsiones, secuestros, violaciones y homicidios. En los hechos, las tareas preventivas y disuasivas resultan insuficientes o ineficaces, y la procuración de justicia es víctima de la rampante corrupción e impunidad.
La violencia de género alcanza condiciones inaceptables. Es una constante la desaparición de mujeres, la ocurrencia de feminicidios y de ultrajes sexuales en agravio de las féminas. Ser mujer, en el Estado de México es una situación de alta vulnerabilidad y de riesgo sistemático. La autoridad desdeña cada delito como casos aislados atribuibles a sus entornos de violencia en círculos emocionales. No se nota un mínimo de preocupación, o una estrategia como aliciente por revertir las estadísticas. Los discursos no mitigan ni castigan las conductas delictivas.
El problema de inseguridad no es un asunto novedoso, y cada vez se vuelve más complejo e insostenible. Por esa misma razón, la toma de decisiones que se asuma para combatir al crimen organizado o la delincuencia común, debe apartarse de las designaciones por cuotas políticas o cuates en el gobierno. Las conductas delictivas no sólo ponen en riesgo el patrimonio de las familias, más importante aún, vulneran el derecho humano más elemental: la vida misma. Los números, los sucesos y las condiciones sociales exigen asumir decisiones inmediatas, en un cambio de estrategia, y no sólo de rangos y nombres.
Lo cierto es que difícilmente el reto podrá asumirse con la mera presencia de más policías, porque terminan por matarlos o por cooptarlos. Las estrategias fallidas han transitado por una limitada tarea de policías contra ladrones. Y donde el crimen organizado ha demostrado una mayor capacidad frente al colapso institucional de los gobiernos. De poco han servido los cursos en Israel o Colombia, o los cambios de nombre o jerarquía institucional. Las cifras desnudan la incapacidad, la inoperancia y la ineficacia de las autoridades.
La conducta criminal no va a resolverse de forma inmediata, pero en el transcurso histórico sólo se ha agravado. La incidencia delictiva no va a revertirse ni con salarios rosas ni con nuevos aeropuertos. Tampoco se terminará con la delincuencia con voluntarismos para acabar con la corrupción. El tejido social se encuentra resquebrajado, y menos podrá eliminarse con la polarización política de los últimos meses. La clase política debería asumir su responsabilidad social. La competencia electoral ya pasó, pero en temas de criminalidad, todos perdemos.
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