Toluca, Edomex; 30 de abril de 2020.- El fiscal Alejandro Gómez Sánchez entregó su cuarto informe de labores a la Legislatura Estatal. Le faltan tres largos años para concluir con su encomienda. Extrañamente, ahí ni los diputados locales ni el gobernador han tenido intención de hacer ajustes. El cambio de Procuraduría a Fiscalía de Justicia no tiene resultados tangibles; si acaso una modificación de membrete y de papelería. En los hechos, los mexiquenses padecen un calvario cada que pretenden levantar una denuncia. Estructuralmente, la Fiscalía tiene las mismas limitaciones, deficiencias y omisiones que cuando funcionaba como Procuraduría.
La designación de Alejandro Gómez fue en su momento una posición política a favor de los Cervantes, el grupo jurídico más influyente del peñismo, que en los últimos dos años ha entrado en desgracia. Con el aval del entonces gobernador, Eruviel Ávila, se logró que Gómez Sánchez fuera designado por siete años. Enemistados con el actual titular de la UIF, Santiago Nieto, los Cervantes han perdido su buena estrella. El último reducto de sus privilegios reside en la Fiscalía de Justicia del Estado de México.
A la distancia, los Ministerios Públicos tienen una carga de trabajo insostenible. Las policías de investigación se encuentran rebasadas. Los índices de impunidad no se han reducido. La confianza ciudadana con la procuración de justicia no ha mejorado. Si el fiscal Alejandro Gómez debiera someterse a una evaluación por parte de los mexiquenses saldría reprobado. Pesan más las componendas del poder para mantenerlo en su encargo, por encima de las cuentas que pueda presumir.
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Gerardo Nava, presidente municipal de Zinacantepec, es uno de los alcaldes mejor pagados en el Estado de México. En febrero pasado, el cabildo le aprobó sin respingo el presupuesto anual de este 2020, en cuyo documento se establece un salario neto superior a los 89 mil pesos, muy por encima de los 81 mil pesos que establece el consejo de valoración salarial para municipios medianos. El «doctor» Nava se autorecetó un sueldo bruto que alcanza la nada despreciable suma de 129 mil 420 pesos mensuales.
Lo cierto es que, el desempeño de Nava no corresponde con sus emolumentos. El alcalde morenista ha sido altamente cuestionado en los 16 meses que lleva de mandato, ya sea por su relación política con el exedil, Leonardo Bravo, por la contratación excesiva de familiares -incluido su vocero Daniel Almazán-; y la facturación con sobreprecios con algunos proveedores. Sin duda, será uno de los municipios que tendrá vigilancia especial, ahora que inicia el análisis de la Cuenta Pública 2019. El diagnóstico no es nada favorable.
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La cuarentena ha mostrado la omisión de decenas de alcaldes mexiquenses. Son contados los casos de quienes han tomado decisiones para hacer frente a la cuarentena. La mayoría ha mostrado su incapacidad, su improvisación y su impasividad frente a una emergencia sanitaria. La pandemia del COVID-19 no debe usarse para lucrar políticamente, pero también pone de manifiesto las limitaciones de quienes se encontraron con el triunfo de manera fortuita. Los electores cobrarán facturas en las urnas el año entrante.
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