Toluca, Edomex. 21 de enero de 2019.- Delfina Gómez, delegada del gobierno federal, está dedicada a dar línea. Hace algunos días se reunió con los diputados locales para defender la estrategia contra el robo de combustible. Ahora, en la más reciente de sus acciones, se encamina a dar órdenes a los alcaldes para que investiguen el ejercicio de recursos de fondos de inversión social de la hoy nombrada Secretaría del Bienestar. La senadora con licencia ya actúa como una vicegobernadora, una interlocutora, y una operadora política de López Obrador en el estado. Delfina está presente en cada acción morenista en el estado.
Sin autonomía, los alcaldes morenistas asumen la ascendencia de Delfina en el ejercicio de sus funciones. Tiene a su favor los afectos de Andrés Manuel y sus números electorales sin precedentes. Los presidentes municipales han comenzado una verificación del uso de recursos públicos de sus antecesores. Es urgente, demostrar con acciones tangibles el combate a la corrupción. Una acción legitimadora, más allá de cerrar ductos contra el huachicoleo, sería ver a exalcaldes priístas o panistas en la cárcel por un desvío de recursos. El pacto de impunidad sólo será válido para el peñismo y su círculo más cercano.
Lo cierto es que, Delfina Gómez debe tener más prudencia en la comunicación oficial que emite a sus alcaldes. En el fondo puede tener mayor jerarquía que los ediles, pero en la forma, ellos tienen autonomía. Otro aspecto sustancial es que, los ediles no tienen capacidad de auditar a sus antecesores, y sólo podrán investigar sobre los indicios de inconsistencias. Hay municipios que tendrán una atención especial: Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca, Atizapán de Zaragoza, Tecámac y Coacalco. Lo deseable es que las buenas intenciones no queden en mera simulación.
En el entramado de entes auditores, los diputados locales morenistas deben tener en claro la necesidad de generar ajustes desde el Poder Legislativo. Hay una connivencia histórica y perniciosa, entre el Poder Ejecutivo, el Órgano Superior de Fiscalización y hasta la Contraloría Interna del Poder Legislativa, que hace imposible una auditoría confiable. Los agentes institucionales viven y conviven con los alcaldes salientes, con los que están en funciones, y gozan de componendas que garantizan su prevalencia. Ahí está una asignatura pendiente que los legisladores locales simplemente han ignorado, no se sabe si por ignorancia o conveniencia.
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El priísmo lo volvió a hacer. Desde el Senado de la República, la bancada priísta reafirmó su asociación legislativa con Morena, para sacar adelante el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República. La propuesta lopezobradorista pasó conforme al presupuesto legislativo y sin obstáculos políticos. El morenaje, junto a sus aliados naturales de PT y PES, sumaron los votos priístas para completar 91 senadores que posibilitaron la mayoría calificada de la Cámara Alta. El humo blanco salió el mismo viernes.
Eruviel Ávila, exgobernador mexiquense y senador plurinominal, manifestó públicamente su beneplácito en el ungimiento del llamado “Fiscal Carnal”. A través de twitter, Ávila destacó la experiencia como académico y funcionario público para votar a favor de Gertz Manero. Las “maromas” priístas, poco a poco, claudican como oposición del gobierno lopezobradorista. Las razones aún son inciertas, pero tarde que temprano se deberán conocer.
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