Toluca, Edomex. 19 de noviembre de 2018.- El futuro del PRD no sólo es desolador sino también incierto. Ayer, el cambio de estatutos que apuesta por una concentración de poder en la dirigencia nacional, configura además una pulverización de sus cotos de poder. Tan sólo en la corriente ADN, asentada bajo el manto del mexiquense, Héctor Bautista, padeció una fractura interna con el abandono de Juan Hugo de la Rosa y Omar Ortega. Un partido ya disminuido en sus preferencias electorales sostiene la amenaza de desaparecer producto de sus inseparables pugnas internas. La elección intermedia de 2021 será determinante.
Las tribus del perredismo, esas que tanto lo han colapsado, prevalecen como factor de poder en la toma de decisiones. Sin embargo, la debacle electoral de julio pasado ha arrinconado al PRD en su condición opositora, y ofrece espacios reducidos en la negociación política. Aún más, el ascenso inusitado de Morena, e inclusive del PT, han acotado la posición de izquierda que ofreció el perredismo durante los últimos cinco lustros. Frente a esa circunstancia, donde el morenaje sigue en el reclutamiento de experredistas con espacios de poder, el PRD padece de un exilio mucho más severo que el de la caravana migrante.
Por si fuese poco, la aprobación de nuevos estatutos pone por delante que la definición de la mitad de las candidaturas se hará desde la dirigencia nacional. Ahí, se acentúa una definición desde las élites del poder, y se desaparece las dirigencias estatales. Frente a la preexistencia de tribus, las que logren influir a nivel nacional -el caso de Héctor Bautista- lograrán imponer a sus candidatos, sobre todo en posiciones que puedan ganar. El escenario tendencial: un partido más disminuido, y una mayor desbandada hacia Morena y PT, hoy con posiciones de privilegio. El PRD mexiquense bajo el control irreemplazable de Bautista.
En un plazo de veinte días, los grupos inconformes con la resolución de los nuevos estatutos, anunciaron que impugnarán su aprobación para regresar los cotos de poder a las tribus locales. Sin embargo, en el corto plazo no se ven mecanismos para que el PRD vuelva a ser una alternativa electoral. Las alianzas con el panismo y sus pactos con el peñismo los llevaron al despeñadero. La pérdida de espacios de poder de la última década es muestra inequívoca de su derrumbe. En el Estado de México, sus cotos de poder se reducen a Nezahualcóyotl. Lo demás les ha sido arrebatado por Morena.
En la rebatinga que se dio este fin de semana también está en juego el dinero público al que tendrá derecho el partido. Para este año, el PRD recibió prerrogativas tomando como base un porcentaje de votación del 17 por ciento, pero para los próximos tres años, el calculo del financiamiento se dará en función de su raquítico seis por ciento obtenido en la urnas el 1 de julio.
En este juego de definiciones que se dio en el PRD mexiquense en los últimos días, se notó la ausencia del senador Juan Zepeda, uno de los principales capitales políticos de este partido. Zepeda prefirió alejarse de las disputas por el poder y mantenerse al margen, asumiendo una posición muy cómoda y criticable para muchos perredistas quienes ya ponen en duda su liderazgo. Zepeda ni rompió con Héctor Bautista, ni se quedó con él. El ex alcalde de Neza se encuentra en el limbo y hay quienes dicen que ya explora su integración a Morena por la buena relación que ha construido con Delfina Gómez en el Senado.
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A propósito de la transición en los municipios, desde la Contraloría del Poder Legislativo se ha recomendado a los Ayuntamientos instalar una comisión edilicia con el propósito de dar seguimiento y cumplimiento a laudos laborales que se hayan producido en las actuales administraciones. El propósito es que los alcaldes salientes eviten dejar como pendientes laudos impagables. Y en paralelo, que los cabildos en su conjunto -integrado por síndicos y regidores- conozcan el estado actual en que dejan los ayuntamientos, respecto del pago de laudos por despidos que hayan ocurrido en los últimos tres años.
Las nuevas comisiones edilicias tienen su origen en el histórico caso de Coacalco, donde fue destituido el cabildo 2016-2018, pero que además implicó la inhabilitación del cabildo de la pasada administración, por el incumplimiento de pago de laudos laborales. Lo cierto es que, en su mayoría, los síndicos y los regidores desconocían de esa condición legal y financiera; y en todo caso, los responsables directos del desacato laboral eran los alcaldes actual, y anterior, el impresentable, David Sánchez Isidoro. Los alcaldes que ya se van deben cuidarse de cualquier inhabilitación en el futuro, y en eso están trabajando.
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