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Toluca, Edomex. 16 de noviembre de 2018.- Resulta ingenuo pensar que con el voto mayoritario de Morena en contra a la Cuenta Pública del gobierno estatal 2017, dentro de la Legislatura Estatal, será determinante para castigar la corrupción. La opacidad, las inconsistencias y los desfalcos han sido consistentes durante décadas, pero los diputados locales sólo supervisan las actuaciones de los órganos fiscalizadores. Los gritos y sombrerazos esgrimidos ayer por Morena en el pleno legislativo forman parte de una nueva relación de poderes, pero en los hechos, sólo quedará como un acto mediático y anecdótico. Falta mucho más que buenas intenciones para castigar a quienes cometieron daño al erario público.

Parafraseando al célebre Germán Dehesa, se podría afirmar que el exgobernador Eruviel Ávila durmió plácidamente, tanto como su antecesor y tutor político, Arturo Montiel. La bancada morenista insistió en una serie de irregularidades financieras cometidas en el último año de la gestión eruvielista; sin embargo, las componendas del poder político hacen suponer que el hoy senador no deberá acongojarse. Mucho se dice que el pacto de impunidad puede romperse para proceder contra algunos de sus colaboradores cercanos. Lo cierto, es que más allá de las anomalías detectadas, las auditorías realizadas, y los contenidos periodísticos dedicados a documentar el desfalco del sector salud, no existe a la fecha ni proceso administrativo ni penal en contra de César Gómez Monge.

La votación abrumadora en contra del dictamen de revisión de la Cuenta Pública puso en evidencia que muchos de los legisladores y legisladoras de Morena lo hicieron por consigna. Pocos entendieron el alcance de la determinación, que regresará la Cuenta Pública al análisis de comisiones, y permitirá por mucho, abundar en las indagatorias sobre inconsistencias e irregularidades. Con la supuesta desaprobación del dictamen de revisión de la Cuenta Pública, también erraron algunos medios y reporteros, que de forma sensacionalista afirmaron que las cuentas de Eruviel y Del Mazo habían sido reprobadas. No obstante, desde el sexenio del gobernador Peña Nieto, los diputados locales perdieron esa facultad de calificar  la Cuenta Pública del estado. ¡Plop!

Si Morena quiere demostrar su disposición para que desde la Legislatura Estatal se establezca un freno y contrapeso al Poder Ejecutivo, debe dejar los discursos histriónicos y ejecutar cambios estructurales. Será indispensable evaluar el desempeño de las áreas sustanciales del Poder Legislativo que llevan años enquistadas en las mismas personas, cercanas y alineadas al régimen político; y en caso de remover las piezas angulares de su estructura, fijar nombramientos a partir de perfiles profesionales y no del reparto partidista. Y en segundo lugar, se vuelve inaplazable devolver a los diputados locales la capacidad para calificar las Cuentas Públicas del gobernador en turno.

Un asunto no deberá perder de vista Morena. Dentro de dos años, la Legislatura Estatal estará en el análisis de la Cuenta Pública 2019; y para entonces, aparte de supervisar el tercer año del gobernador Alfredo Del Mazo, deberá inspeccionar el primer año de funciones de sus alcaldes, esos que entran en funciones el próximo mes de enero. La Legislatura Estatal, como parte del equilibrio de poderes, deberá exigir para ese momento, la misma rigidez y disciplina para someter a proceso a quienes hagan un mal uso de los recursos públicos. Y en esencia, a veces se hace insuficiente pensar en sólo castigar a quienes cometen desvíos, sino va acompañado de resarcir los daños de la hacienda pública.

Del lado priísta, hubo falta de perspicacia u operación política, porque aunque mediática, la batalla legislativa de la Cuenta Pública la ganó la bancada morenista. En los hechos, la fracción de Morena determina la agenda pública y domina el debate legislativo, pese a la presunción de la diminuta bancada priísta de contar con la experiencia en el ejercicio del poder público. Morena, en dos meses, se ha llevado el reflector, y ha puesto en vilo al Poder Ejecutivo. Algo en el cabildeo previo no está funcionando para el partido del gobernador al interior del Poder Legislativo.

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