Toluca, Edomex; 9 de agosto de 2019.- La agenda progresista se ha impuesto. El Estado de México llega diez años tarde, pero todo apunta a que la próxima semana se aprobará la reforma legal para reconocer el matrimonio igualitario. En la Ciudad de México, esa condición se modificó en diciembre de 2009, y se prolongó una década en implantarse en la entidad. Aquí, durante largo tiempo se evitó el costo político y la clase gobernante cedió a la jerarquía eclesiástica. Ahora, ha ganado desde lo electoral y hasta lo ideológico la defensa de los derechos de las minorías.
Hay tres factores por reconocer: la iniciativa original la presentó un PRD casi inexistente en la Legislatura; Morena ya adoptó la propuesta y será el factor indispensable para aprobarla con su mayoría parlamentaria; y finalmente, es evidente que desde el Poder Ejecutivo, también se ha dado el visto bueno para reconocer los derechos y garantías de las parejas del mismo sexo. Sin distinciones electoreras, han avanzado en un derecho irrenunciable e inaplazable para la comunidad lésbico gay.
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El exgobernador del Estado de México, César Camacho Quiroz, ayer se despojó del disfraz de académico para pronunciarse sobre el futuro del priísmo. En un conversatorio organizado por el CIDE, el también exdirigente nacional del PRI, confió en la posibilidad de “volver a ser competitivo y hasta ganador, siempre que otorgue elementos de identidad y orgullo a su militancia; pero sobre todo establecer un diálogo fluido, fructífero y útil con la sociedad civil”.
Está claro que el exalcalde de Metepec –única elección que ha ganado en las urnas- sostiene un interés de incidir en el futuro del PRI, ya sea a través de Alejandra del Moral, o bien, de algunos otros alfiles como Eric Sevilla. Es muy probable que, el también presidente de El Colegio Mexiquense, no se halle en las aulas, y ya esté en la búsqueda de regresar a la grilla, donde fue defenestrado en las urnas, al quedar en tercer lugar de la elección senatorial del año pasado.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un recurso de amparo promovido por la Universidad Autónoma del Estado de México, quien se oponía a la posibilidad de que desde la Legislatura Estatal se nombrara a un contralor al interior de la institución. La propuesta de la UAEM implicaba enviar una terna al pleno legislativo para que de ahí surgiera el nombramiento, y dar cumplimiento a la Ley del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. El argumento de las autoridades universitarias era una probable violación a su autonomía.
Ahora, con la resolución del máximo tribunal de justicia en el país, el congreso mexiquense tiene abierta la puerta para nombrar al contralor universitario conforme a la ley anticorrupción del estado. Y de ahí, para adelante, los diputados locales tendrán condiciones de diseñar una nueva ley universitaria que pueda responder a los tiempos de la cuarta transformación.
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