Toluca, Edomex. 06 de febrero de 2019.- Los feminicidios tienen una alta incidencia en el Estado de México: preocupante, lacerante e inaceptable. La ocurrencia de homicidios contra mujeres transita por la incompetencia institucional o la omisión de algunos funcionarios. Y la lista parece interminable: la Secretaría de Seguridad por no prevenir lo suficiente al crimen; la Fiscalía de Justicia por limitarse al proceso penal en su combate al delito; el Consejo de la Mujer, que no difunde más allá de su Salario Rosa, para proteger a las mujeres en su integridad; la Secretaría de Movilidad por la cotidianidad delincuencial en el transporte público.
En los discursos, dirán que los esfuerzos son múltiples, pero a la luz de los resultados son insuficientes, aislados y lamentables. La estrategia se advierte fallida. El mayor problema, la indiferencia para no modificar un ápice, como dijo Alejandro Ozuna. Un problema que se apuesta al olvido. Otra andanada de violencia, y de nuevo al anuncio de estrategias, programas, presupuestos y acciones que acaban en la inoperancia. Los municipios prefieren esconderse. Los presidentes municipales tan inquietos con sus bandos municipales, no mueven ni promueven nada, más allá del lenguaje incluyente: letra muerta y meras buenas intenciones.
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Una incógnita surge entre algunos legisladores locales. El año pasado, como una de sus primeras acciones, la mayoría morenista canceló el Programa de Acción Comunitaria (PAC), que sólo servía como una serie de acciones clientelares para repartir materiales de construcción, que en el peor de los casos algunos diputados se autocompraban en negocios personales. A la distancia, el programa supuestamente está suspendido, pero en la práctica parece que algunos diputados se siguen distrayendo de su tarea primordial: hacer leyes.
En la actividad cotidiana, legisladores que añoran viejas prácticas del clientelismo electoral y del viejo régimen, siguen repartiendo dádivas como bastones, andaderas y sillas de ruedas a grupos vulnerables. Entonces, la gran duda deriva en si los apoyos repartidos en sus cacicazgos -incluye a diputados pluris que no tienen un distrito electoral-, son obtenidos de su propio dinero, o bien, si desde la Secretaría de Finanzas reciben el PAC bajo un subterfugio, o en un profundo conflicto de interés, la Secretaría de Desarrollo Social les otorga esos apoyos a los priístas para repartirlos con sus bases sociales.
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Alejandra del Moral busca ganar legitimidad entre los suyos. En privado, a quien la quiere escuchar, confiesa que no se siente segura en el puesto de dirigente estatal del PRI. Con el ánimo de ganar adeptos, convoca a exalcaldes y exdiputados, a sus fallidas asambleas ciudadanas de un partido que se olvidó por años de su militancia, y del cual el electorado no quiere saber en años. Su gabinete trata de arroparla, pero de facto, es un equipo de bajo perfil que no impone ni toma decisiones. Tras sus posturas fallidas, ahora cualquier movimiento se consulta, o se recibe línea superior.
Ayer, Del Moral se reunió con la bancada priísta de la Legislatura local pero sólo para la foto y las redes sociales. Según se dijo, entre diputados y dirigentes priístas, acordaron temas para la agenda legislativa. Lo cierto es que desde septiembre pasado, la agenda es marcada por Morena y nadie más. El autoengaño es un mal síntoma de la supuesta reconstrucción de un partido devastado.
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