Toluca, Edomex. 3 de febrero de 2015.- No hay que ser demasiado avezado para pronosticar que en los comicios del próximo 7 de junio el gran ganador será el abstencionismo. Ni los partidos políticos ni los candidatos ni mucho menos el Instituto Electoral del Estado de México lograrán lo suficiente para alentar una participación que pudiera superar siquiera el 50 por ciento de afluencia de votantes en los comicios próximos. El desgano, el descontento, la incredulidad y la desconfianza de los electores con sus autoridades se impondrá en el resultado final.
Un elevado abstencionismo en las elecciones intermedias a quien más favorece es a la expectativa priísta. La apuesta del partido en el poder se cimienta en su voto duro, que puede alcanzar hasta un millón 500 mil votos, casi la mitad de la votación contabilizada para Eruviel Ávila en 2011. Sin embargo, los partidos de oposición, en el caso del PAN y el PRD, apuestan a una votación cercana al millón de votos. Aunque la gran incógnita es la suma de sufragios del Morena y si el partido lopezobradorista le arrebatará votos a las preferencias históricas del perredismo en la entidad.
Las divisiones internas manifiestas en el PAN –que no son ajenas al Estado de México- y el colapso inevitable en la estructura perredista, vaticinan que también beneficiarán al PRI mexiquense, que camina sin premura en la ruta electoral. Mientras el voto opositor se fractura, la maquinaria electoral del PRI asentada en todo momento a partir del apoyo que otorgan las estructuras de gobierno, parece ser suficiente para sacar cuentas muy alegres.
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Desde 2013, el gobierno federal ha dispuesto de que un mes al año sea nombrado el mes de la Cruzada contra el Hambre. Para este 2015, se ha dispuesto que sea el mes de febrero, donde además se intensifiquen las actividades de las dependencias involucradas para atender a grupos vulnerables, mediante el programa asistencial por antonomasia del peñismo. La razón: la veda electoral que se impondrá a partir del mes de abril y que se extenderá hasta junio. La sospecha es el uso electoral que pueda incidir mediante la entrega de apoyos asistenciales a los grupos vulnerables y en marginación en la víspera electoral.
Está claro que los partidos de oposición lanzaran todo tipo de acusaciones sobre una eventual compra o coacción del voto, sobre todo en estados o municipios considerados prioritarios. Mientras que las autoridades electorales deberán vigilar el cumplimiento de la legalidad, en tanto que en los casos que se violen las reglas se sancione y evita la sensación de impunidad que prevalece en los temas electorales.
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