Toluca, Edomex. 16 de enero de 2015.- Una investigación desarrollada por el espacio radiofónico encabezado por Carmen Aristegui reveló que los 22 presuntos criminales víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Tlatlaya, Estado de México por parte del Ejército Mexicano registraron 107 heridas de bala. No obstante, los peritajes desarrollados por la Procuraduría General de Justicia de la entidad respaldaron la hipótesis de un enfrentamiento equitativo entre soldados y presuntos delincuentes. En el escenario, está claro que hubo omisión, negligencia o complicidad.
El trabajo periodístico presentado por Aristegui, desprende del acceso que tuvo a la indagatoria desarrollada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se precisa que nueve de los ejecutados presentaron lesiones al realizar “maniobras instintivas de defensa”, es decir, que intentaron cubrirse de las agresiones del ejército. Mientras que otras once víctimas tenían lesiones provocadas por tener contacto con superficies duras y ásperas. La víctima más afectada, en el presunto enfrentamiento, recibió 16 impactos de arma de fuego.
No sólo eso. Los peritos mexiquenses llegaron a la escena del crimen seis horas después de la balacera. En ese periodo, los soldados estuvieron en el lugar sin supervisión. La indagatoria de la CNDH exhibe que otras seis víctimas probablemente intentaron defenderse de una ejecución extrajudicial, porque tenían heridas de arma de fuego en los brazos. Pese a ello, la Procuraduría no investigó una posible alteración de la escena del crimen, y ahora está bajo sospecha del encubrimiento a las fuerzas militares.
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El equilibrio de poderes está muy lejano del Estado de México. La clase política es acomoditicia y controla todos los espacios del poder público. Ser presidente del Poder Judicial es un cargo harto rentable. Ahí está el caso de Luis Miranda Cardoso, actualmente convertido en notario público, y con amplia influencia en la toma de decisiones del Tribunal Superior de Justicia. Abel Villicaña -ya fallecido-, al dejar el cargo se convirtió en procurador de justicia estatal y director de la escuela judicial. Y José Castillo Ambriz, hoy asesor de Luis Miranda, en la Secretaría de Gobernación y en la antesala de la presidencia municipal de Lerma.
El caso más reciente ocupa a Baruch Delgado Carbajal, quien la semana pasada concluyó su gestión al frente del Poder Judicial. Aun cuando permanecía como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, decidió renunciar a su encargo, ante la posibilidad de encabezar la Comisión de Derechos Humanos en la entidad. El pago de facturas políticas a un servidor público plegado al poder. Hoy por hoy, diputados locales, autoridades municipales y jueces estatales siguen teniendo un solo jefe: el gobernador en turno. Eruviel lo sabe, y reparte el poder político a su antojo.
De la gestión de Baruch Delgado, de confirmarse que asuma la titularidad de la CODHEM, poco se puede esperar. La defensoría de los derechos humanos ha sido omisa y cómplice en su actuación. La institución ha pasado al oscurantismo frente a violaciones graves de derechos humanos, como lo han documentado otras instancias, en casos como Atenco en 2006 y más recientemente el asunto de Tlaltlaya ocurrió el año pasado. La oposición partidista pondrá una resistencia simulada, pues Baruch también estará dispuesto a colaborar con los ayuntamientos emanados de cualquier partido político.
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