Toluca, Edomex. 15 de julio de 2014.- A pesar de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal tenía previsto dar a conocer ayer la empresa que construirá el segundo tramo del Tren Interurbano México-Toluca, la fecha se pospuso para el próximo 24 de julio. La determinación de la dependencia federal que encabeza el mexiquense Gerardo Ruiz Esparza obedece, según se precisó, para llevar a cabo una revisión y análisis a mayor detalle de las proposiciones recibidas.
La decisión del gobierno federal se dio horas después de que el periódico Reforma ventilara que la española OHL ha sido muy favorecida en el actual gobierno, por encima de constructoras nacionales como Carso e Ica. La segunda etapa, que se licitará dentro de diez días, corresponde a la construcción de un túnel de poco más de 4 mil 600 metros, que correrá de La Marquesa a Santa Fe. Pendiente de licitar quedará aún el tercer tramo, que partirá de la estación que se edificará en Santa Fe hasta la terminal Observatorio.
Apenas la semana pasada iniciaron ya las obras de construcción de la primera etapa de dicho Tren que correrá de la terminal Zinacantepec a La Marquesa, cuya obra fue licitada a la española OHL en alianza con La Peninsular de Carlos Hank González. La obra del Tren México – Toluca se contempla finalizar en su totalidad para el tercer trimestre del 2017, es decir, dentro de 3 años.
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A propósito de la nueva Ley para Eventos Públicos planteada por el gobernador Eruviel Ávila, donde se pretenden evitar tragedias como la ocurrida en Ecatepec hace una semana en la cual murieron tres personas en un baile masivo, bien cabría aclarar que el accidente no fue resultado de una reglamentación fallida o insuficiente, sino de autoridades omisas y negligentes que eventualmente no aplicaron con rigor la normativa hasta hoy vigente en materia de protección civil.
El problema en muchos de los casos, en lo que se refiere a la aplicación de la ley, lo que permea se llama impunidad. Pero las autoridades mexiquenses, estatales y municipales, no lo asumen con responsabilidad. El actual gobierno estatal está obstinado en engrosar cada vez más el marco legal vigente, sin menoscabo de quién se encargue de hacerla cumplir. Un gran ejemplo, más allá de la legislación en la materia, sería dar muestras de castigar a quien haya incumplido sus responsabilidades.
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