Toluca, Edomex. 15 de enero de 2015.- David Sánchez Guevara ha sido un alcalde de Naucalpan destacado, pero no precisamente por tener un desempeño sobresaliente, sino una polémica conducta. Ahora, el presidente municipal con licencia, podría ser sancionado luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó que el edil violó la Constitución mexicana al promoverse mediante la llamada Red Naucalpan, que consistía en ofrecer a los vecinos cumplir con servicios como cambio de luminarias y bacheo.
La irregularidad se consolida en que para obtener los servicios, lo que los usuarios debían hacer era escribir la palabra David y enviarla como mensaje de texto al número 46531 desde un teléfono celular. El servicio del Ayuntamiento representaba sin dudas una promoción personal. Seis consejeros determinaron dar vista de esta violación a la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, para que determine cómo sancionar al hoy precandidato priista a una diputación federal.
Para colmo de males, el alcalde naucalpense enfrenta una acusación de haber solicitado licencia temporal en una sesión de cabildo ilegal, pues se trató de una reunión privada, lo que prohíbe la Ley Orgánica municipal. Y es que el 8 de diciembre, la legislatura mexiquense modificó el Artículo 28 de dicha ley, donde se establece que las sesiones de Cabildo deben ser abiertas para evitar la discrecionalidad en la toma de decisiones, y fortalecer la participación ciudadana.
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Al momento que las autoridades mexiquenses han comenzado supuestamente a investigar los abusos en que habría incurrido personal ministerial en el caso Tlatlaya, está claro que difícilmente se podrá conocer el grado de responsabilidad entre mandos medios y superiores que estuvieron involucrados en encubrir la matanza cometida por militares en agravio de 22 presuntos criminales. Los resultados pueden anticiparse faltos de credibilidad y confianza para la opinión pública.
Resulta poco creíble que el propio procurador Alejandro Gómez Sánchez haya sido ajeno a las actuaciones del personal ministerial, cuando había de por medio 22 asesinatos a presuntos criminales y el involucramiento de fuerzas castrenses en las ejecuciones. Lo que es una paradoja es que sea el procurador quien se investigue a sí mismo. Ahora bien, si al procurador le pasó desapercibido la tortura que ejerce su personal, exhibe que se encuentra rebasado, incapaz de poner orden al interior de la dependencia, y debe renunciar por dignidad y omisión.
En medio de la sospecha, también se incluye el secretario general de gobierno, José Manzur Quiroga, quien se muestra reacio a reconocer los excesos en que incurrió el gobierno mexiquense. Interesante sería avanzar sobre los intereses que ahora pretenden encubrir las autoridades mexiquenses para evitar el esclarecimiento de lo ocurrido en Tlatlaya, que por cierto también es Estado de México. La mala fortuna de Manzur le involucra, en tanto que ya era para entonces secretario de gobierno.
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