Redacción
Distrito Federal. 10 de noviembre de 2015.- Uno de los proyectos viales metropolitanos más importantes de este sexenio fue postergado indefinidamente luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes declarara desierta la licitación del Viaducto Elevado Indios Verdes -Santa Clara, con el que pretendían descongestionar uno de los accesos más saturados al Distrito Federal.
De acuerdo al diario Reforma las dos empresas que buscaban hacerse de la concesión para construir, administrar y operar esta vialidad de cuota de casi seis kilómetros, “no ofrecieron condiciones que garantizaran una obra adecuada y en tiempo”, por lo que ésta quedó postergada indefinidamente.
El proyecto no estuvo exento de escándalos, pues en marzo se ventiló información de que la constructora OHL México, accedió a datos fundamentales de la obra para participar en el proceso de licitación, sin embargo tras la polémica desatada por esta causa, el consorcio de origen español decidió retirarse del concurso.
Así quedaron firmes la filial mexicana de la firma portuguesa Mota-Engil, quien ofertó un costo de cuatro mil 217 millones de pesos y 40 meses para desarrollar el proyecto que incluía túneles y un tramo de viaducto elevado para conectar la autopista México –Pachuca con avenida Montevideo.
La otra oferta la hizo un consorcio formado por las constructoras Omega, Caabsa Infraestructura y Caabsa Construcción, quien señaló que la obra requería una inversión de 5 mil 600 millones de pesos más IVA, y un pago inicial de la SCT a la constructora por más de 5 millones de pesos.
Pinfra, de David Peñaloza también participó en el concurso, pero fue la primera en ser descalificada pues la SCT consideró que no contaba con solvencia para poder desarrollar el proyecto en los tiempos requeridos.
El Viaducto Elevado Indios Verdes – Santa Clara sería la primera obra de este sexenio en realizarse bajo el esquema de la nueva Ley Asociaciones Público Privadas, que obligan al gobierno federal a pagar anualmente una contraprestación a la empresa constructora, durante el tiempo que dure la concesión y al término del plazo la infraestructura física construida pasaría a formar parte del patrimonio estatal.
