Israel Dávila
Tenango del Valle, Edomex. 27 de enero del 2019.- Pobladores de San Pedro Tlanixco de este municipio alistan una serie de movilizaciones para exigir la liberación de sus compañeros, tras la decisión de un magistrado de reponer el juicio que se les instruyó al comprobar el proceso estuvo plagado de irregularidades.
Se espera que este martes se realice la audiencia constitucional en uno de los juzgados que se encuentran junto al penal de Santiaguito, donde se encuentran recluidos desde hace más de once años, donde se les notificará oficialmente de la reposición de todo el proceso el reinicio de éste, desde la etapa de la declaración preparatoria.
Antonio Lara, abogado del centro de Derechos Humanos, Zeferino Ladrillero, y quien se encuentra a cargo de la defensa, informó que es muy probable que a esta audiencia acuda un relator de la Organización de las Naciones Unidas, instancia que desde noviembre se ha pronunciado por la liberación inmediata de estos indígenas nahuas de Tlanixco, que fueron encarcelados por un homicidio que no cometieron.
La historia se remonta a inicios de la década pasada, cuando Tlanixco comenzó una lucha en defensa del agua del Rio Texcaltengo que venían aprovechando años atrás. En 2001, la Comisión Nacional del Agua (Conagua,) extendió una concesión a un grupo de floricultores de Villa Guerrero, municipio aledaño a la comunidad de Tlanixco, para el aprovechamiento del agua.
En 2003, los floricultores se quejaron de que el agua les llegaba sucia. Un empresario español, de nombre Alejandro Isaak Basso acudió a Tlanixco para reclamar sobre porqué llegaba el agua jabonosa. En su trayecto observó que en el río mujeres indígenas lavaban ropa. Cuando se enfiló monte arriba hacia Tlanixco, el empresario resbaló y cayó a un barranco, perdiendo la vida.
La entonces Procuraduría de Justicia del Estado de México investigó la muerte y concluyó que se trató de un homicidio y culpó a los integrantes del comité del agua de Tlanixco del homicidio, pero sin tener elementos para ello, pues sustentó la acusación en imputaciones genéricas y no individualizadas.
Pese a ello, en julio de 2003, la policía ministerial capturó con violencia a Pedro Sánchez, Teófilo Pérez y a Rómulo Arias, integrantes de comité de agua de Tlanixco, por su presunta responsabilidad en el homicidio. Los tres fueron sentenciados en 2006, a más de 50 años de prisión. Nunca hubo una prueba contundente que demostrara su culpabilidad.
En 2006, la Procuraduría detuvo a Dominga González, Lorenzo Sánchez y Marco Antonio Pérez, también por el homicidio y tras 10 años de estar presos, finalmente en noviembre de 2017 recibieron la sentencia de más de 50 años de prisión. Las condenas también se basaron en testigos de oídas y el pasado 17 de enero, un magistrado del Poder Judicial mexiquense dejó sin efectos la sentencia pues comprobó que el proceso estuvo plagado de irregularidades, por lo que ordenó reponer el juicio desde el inicio.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos también ha declarado que la situación de estos indígenas de Tlanixco es a todas luces irregular, porque estuvieron en prisión preventiva más de 10 años sin recibir sentencia, lo cual es violatorio de sus garantías individuales.
El pasado viernes, el Congreso del Estado de México aprobó un exhorto dirigido al Fiscal de Justicia de la entidad, Alejandro Gómez Sánchez para que se desista de la acusación en contra de Dominga González, Lorenzo Sánchez y Marco Antonio Pérez, a quienes se les canceló la condena de 50 años, por las irregularidades del proceso.
Anular la acción penal implicaría la libertad inmediata de estas tres personas, y abriría la puerta para reconsiderar la sentencia en contra de los otros tres, pues ha quedado claro que no existe prueba contundente de su responsabilidad en el homicidio.
Los familiares de los presos alistan movilizaciones para presionar a las autoridades para que esta misma semana puedan quedar libres los primeros tres indígenas.
Algunos otros colectivos de lucha social, como el movimiento de Atenco y Xochicuautla, han manifestado su solidaridad y han expresado que se unirán a las movilizaciones.
Desde la ONU se ha informado que uno de los relatores de derechos humanos también vendrá al Estado de México para reiterar el llamado a las autoridades a decretar la libertad inmediata de estos indígenas.
