Israel Dávila
Toluca, Edomex 17 de octubre del 2019.- El gobierno del Estado de México plantea asignar 170 millones de pesos en el 2019, para implementar acciones tendientes a atender las dos declaratorias de alerta de violencia de género decretadas en la entidad; la primera por la violencia feminicida en once municipios y la segunda por el fenómeno de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en siete demarcaciones.
Así lo reveló el secretario de Justicia y Derechos Humanos del gobierno mexiquense, Rodrigo Espeleta Aladro quien confirmó que ya ha quedado instalada la mesa de trabajo para la atención de la segunda declaratoria de alerta de género dictada hace apenas unas semanas para los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Toluca, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Valle de Chalco.
El funcionario indicó que en el tema presupuestal ya se ha platicado con la Secretaría de Finanzas para que en el presupuesto del próximo año haya un aumento considerable en la asignación de recursos para atender las alertas de violencia de género, pues en los dos años anteriores, solo se destinaron 30 millones de pesos que resultaron a todas luces insuficientes.
La idea, dijo, Rodrigo Espeleta es que para atender la primera alerta de género decretada en once municipios, se asignen alrededor de 100 millones de pesos, y la segunda 70 millones, pero se están haciendo las valoraciones y análisis necesarios para determinar el monto final pues muchas medidas se podrían aplicar para atender las dos declaratorias.
Informó que el martes pasado, se tuvo la primera reunión con autoridades municipales de las siete demarcaciones donde se decretó la alerta por desapariciones para que ahí mismo se nombraran a representantes para conformar el equipo de trabajo que se encargará de elaborar el programa de trabajo que se tiene que presentar a la Comisión Nacional de Víctimas de Violencia de Género (Conavim) en diciembre próximo.
Además , este grupo también se encargará de elaborar el primer informe de acciones realizadas en los primeros seis meses después de la alerta y luego un segundo informe al año.
El funcionario dijo que tanto el plan de trabajo como las acciones a desarrollar serán de la mano con organizaciones y colectivos de víctimas de desaparición, lo que confirma que habrá participación ciudadana en estos casos.
