Israel Dávila
Toluca, Edomex, 29 de marzo del 2017.- El análisis y la discusión de las iniciativas para crear el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción ha iniciado en el Congreso mexiquense, con la instalación de una mesa política en la que se pretenden alcanzar los acuerdos para llegar a comisiones a aprobar un dictamen de forma inmediata.
En la mesa de negociación el PAN ha planteado que la transformación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Tricaem) en el Tribunal de Justicia Administrativa —que será la instancia donde se sancionen los actos de corrupción cometidos por funcionarios y servidores públicos—sea total, es decir, que los 18 magistrados que actualmente lo componen terminen su encargo el día que desaparezca el Contencioso Administrativo y se nombres nuevos magistrados para el de Justicia Administrativa.
El argumento que la mayor parte de los actuales magistrados del Tricaem son personajes vinculados al PRI o al régimen y carecen de autonomía.
Como muestra está Miguel Ángel Terrón quien fue alcalde de Metepec y diputado federal por el PRI, quien ocupa una magistratura en la Sala de Tlalnepantla del Tricaem; o César Fajardo de la Mora, quien fue representante del PRI ante el Instituto Electoral del Estado de México durante mucho tiempo, antes de ser designado magistrado por una sala de Ecatepec, o bien Jorge Torres Rodríguez, quien fue alcalde de Ecatepec y uno de los primeros consejeros y benefactores del actual gobernador Eruviel Ávila Villegas.
El Tricaem, se convertirá en Tribunal de Justicia Administrativa y tendrá las facultad de imponer sanciones a los servidores públicos señalados por actos de corrupción.
El PAN pretende que los responsables de este órgano, que será toral en el andamiaje del Sistema Estatal Anticorrupción sean nuevos y ajenos de toda militancia partidista, para garantizar su autonomía.
De acuerdo con fuentes que participan en la negociación también se impulsa la idea de dejar en la ley y en la constitución local, la obligación de que todo funcionario público de alto nivel en el estado rinda anualmente sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses (mejor conocida como 3de3), aunque existen versiones de que no podrán imponer obligación a la fiscal, por ser una materia del ámbito federal.
Se espera que esta semana sean aprobadas las reformas constitucionales, y se deje para junio, las reformas a más de 20 ordenamientos legales para que sean aprobadas antes del 18 de junio, para cumplir el con el mandato legal que se fijó cuando se promulgaron las reformas federales en esta materia.
