Israel Dávila
Toluca, Edomex. 1 de agosto del 2018.- El gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza promulgó este miércoles la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas de la entidad, (APPs) con lo que se abre la posibilidad de que la administración estatal y las municipales puedan aliarse con la iniciativa privada para desarrollar infraestructura y prestar servicios públicos.
Esta nueva ley suple y deroga el capítulo 10 del Código Administrativo del Estado de México por el cual se regularon los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), a través de los cuales la iniciativa privada construyó hospitales, carreteras, vialidades y centros culturales, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a cambio de una contraprestación anual que le paga el gobierno mexiquense.
En la ceremonia donde firmó la nueva Ley de las APPs, aprobada por el Congreso local desde abril pasado, el mandatario mexiquense adelantó que con esta herramienta jurídica el gobierno que encabeza y la iniciativa privada podrán desarrollar importantes proyectos de infraestructura vial, rehabilitar espacios en el sector educativo y de salud, además de proyectos movilidad y conectividad digital.
Los municipios también podrán elaborar contratos con la iniciativa privada para que puedan encargarse de los programas de repavimentación o mantenimiento de vialidades, rehabilitación y construcción de redes de agua potable y colaboración en la prestación de otros servicios públicos.
Todo ello a cambio de que los gobiernos paguen a los particulares a quienes se les adjudiquen las obras, una contraprestación durante el tiempo que dure la concesión, que podrá ir de 5 a 20 años.
Las obras o proyectos podrán ser licitados o adjudicados de manera directa por el gobierno estatal, los ayuntamientos y los organismos descentralizados que recurran a esta figura de las APPs. Los municipios también se podrán coaligar para que de manera conjunta se puedan desarrollar proyectos de infraestructura regional.
El secretario de Comunicaciones del gobierno mexiquense, Luis Limón Chávez indicó que la nueva ley permitirá potenciar las posibilidades para el desarrollo de infraestructura y lograr así que el Estado de México se convierta en el centro logístico del país, una de las metas que se fijó Alfredo Del Mazo al inicio de su administración.
Del Mazo destacó que la Ley también permitirá impulsar la competitividad del estado, la economía y permitirá generar miles de empleos, a través del desarrollo de un robusto programa de infraestructura.
“Para apuntalar las ventajas competitivas y consolidarnos en el centro logístico daremos un impulso histórico a las inversiones de alto impacto como las autopistas, vialidades y proyectos de movilidad; también se impulsarán proyectos para el desarrollo de la conectividad digital”, dijo Del Mazo.
La nueva ley se compone de 12 capítulos y 137 artículos donde se regulan estas asociaciones público privadas.
En el texto de la ley se señala que todos los proyectos deberán ser aprobados o avalados por la Secretaría de Finanzas del gobierno mexiquense; deberán ser a largo plazo y el particular o particulares que ganen la licitación y se les adjudique la obra, deberán encargarse totalmente de la inversión y financiamiento del mismo, y una vez realizado, el estado, el municipio o el organismo contratante, pagará una contraprestación anual a lo largo de los años que se fijen en los contratos.
Los proyectos también pasarán bajo el tamiz del Congreso del estado quien deberá avalarlos con las dos terceras partes de la Legislatura y la Secretaría de Finanzas deberá entregar informes trimestrales a los diputados sobre el avance de cada uno de ellos.
Este año se destinan más de 5 mil millones para cubrir compromisos por PPS
Los antecedentes de las APPs, son los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS). Bajo este esquema, la administración del entonces gobernador Enrique Peña Nieto encargó a la iniciativa privada la construcción de dos hospitales de especialidades del ISSEMYM; la edificación del Centro Cultural Bicentenario, ubicado en Texcoco; el Puente James Watt en Izcalli; y el mantenimiento de carreteras y vialidades primarias.
Estas obras se adjudicaron a diferentes consorcios quienes reciben anualmente poco más de 3 mil millones de pesos, más dos mil para la operación de los mismos.
