Redacción
Distrito Federal. 21 de abril de 2015.- Como parte de las conclusiones establecidas por la comisión legislativa especial del caso Tlatlaya, diputados federales determinaron la necesidad de generar un acuerdo entre los tres Poderes del Estado, en que se planteen medidas legislativas, reglamentarias y administrativas para el retiro racional, paulatino, ordenado, de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública, para ser sustituidas por distintos cuerpos civiles.
Sin embargo, el informe realizado por la comisión especial de seguimiento al caso Tlatlaya corre el riesgo se ser enviado a la congeladora debido a que el presidente en turno, el legislador del Partido Verde, Tomás Torres decidió no dar lectura al pleno de la Cámara de Diputados.
De forma económica, el Pleno se dio por enterado del informe final de actividades del Grupo de Trabajo para coadyuvar con las autoridades competentes en la Investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.
Con base en el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, el grupo considera urgente que el Congreso de la Unión discuta y apruebe a la brevedad la expedición de una legislación sobre el uso legítimo de la fuerza común para todas las autoridades.
Además, el mismo informe establece la necesidad de impulsar reformas en materia de tortura y de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias con los elementos máximos de la perspectiva de derechos humanos.
Respecto de la actuación del gobierno del Estado de México, estima fundamental atienda con una perspectiva de género los presuntos actos de tortura y contra la libertad sexual de las víctimas, y aclare las razones por las que la PGJEM no investigó acerca de la alteración de elementos y de la escena de los hechos y el desplazamiento de los cadáveres fuera de su posición original.
En tanto, el diputado del Partido Verde, Tomás Torres dijo “por lo que toca a este asunto relativo al informe del caso Tlatlaya, está contenido en el orden del día y en su momento se dará cuenta con él. No obliguen a esta Presidencia a que anticipemos el trámite, como está considerado. Por lo demás, les ruego su comprensión, a fin –ustedes mismos lo han planteado– de atender el orden del día con la prioridad que la propia asamblea reclama”.
En respuesta, el diputado de Morena, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, manifestó su inconformidad al considerar que los casos de Apatzingán y Tlatlaya deben ser discutidos al considerarse crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, la diputada del PAN, Loretta Ortiz Ahlf expuso que el informe del caso Tlatlaya fue adoptado por consenso “y me llama la atención que no pudiéramos en su momento hacer uso de la tribuna para precisar algunas cuestiones de este informe fundamental porque está de por medio la comisión de un crimen de lesa humanidad”.
El informe realizado por la comisión legislativa del caso Tlatlaya considera además imprescindible que, de acuerdo con la Constitución Política, los tratados internacionales aplicables, la legislación federal y la normatividad del Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ofrezca soluciones a las posibles fallas en la actuación de sus elementos.
Es decir, relativas al respeto, protección y garantía de los derechos humanos; control estricto de sus actos por parte de superiores; cumplimiento a los protocolos sobre la interacción con civiles, incluyendo registro en video y audio de las acciones; cumplimiento a las obligaciones sobre el resguardo de los elementos, de la escena de los hechos y de los cuerpos, y definición clara de una jerarquía de mando interna y en relación con las autoridades civiles, durante los acontecimientos del caso Tlatlaya.
El mismo documento, abunda que es prioritario que la Procuraduría General de la República (PGR) dé a conocer públicamente, con apego a lo establecido en ley, los avances o los alcances de las investigaciones acerca de los elementos militares bajo custodia o de otras personas con probable responsabilidad.
También, aclare públicamente si ha iniciado las denuncias, las investigaciones penales o los procedimientos o recursos administrativos contra quienes resulten responsables por la afectación a los derechos humanos derivada de la dilación de 11 semanas para comenzar las averiguaciones previas por el asesinato de 22 personas.
El grupo legislativo, subraya la necesidad de que la PGR redoble esfuerzos para que, en la investigación y las actuaciones, se conduzca con apego al artículo 19 de los “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, aprobado por el Consejo Económico y Social de la ONU en su resolución 1989/65, de mayo de 1989, en el sentido de que: “Los funcionarios superiores, oficiales u otros funcionarios públicos podrán ser considerados responsables de los actos cometidos por funcionarios sometidos a su autoridad si tuvieron una posibilidad razonable de evitar dichos actos”.
Expresa su confianza para que la Secretaría de Gobernación (Segob), en el ámbito de sus atribuciones, dé seguimiento a la atención de la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigida a la Sedena, PGR y Gobierno del Estado de México, y dicte las medidas administrativas necesarias para tal efecto; en particular, las relativas a la prevención y la no repetición de los hechos.
Considera esencial que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) continúe los trabajos para la atención integral de las víctimas directas e indirectas del Caso Tlatlaya, y que prosiga con el esfuerzo por tener contacto con las víctimas indirectas, para que puedan ejercer los derechos que les corresponde.
Igualmente, que la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la ley, investigue las presuntas conductas de servidores públicos que pudieran constituir responsabilidades administrativas; que aplique las sanciones correspondientes y, en su caso, presente las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público y brinde la colaboración debida.
A la Secretaría de Relaciones Exteriores solicita mantener un diálogo sobre el Caso Tlatlaya con las instancias de la ONU y de la OEA en materia de derechos humanos, y que en su caso considere, con apego a las normas nacionales e internacionales, las posibles acciones de colaboración y cooperación.
De igual forma, expresó un reconocimiento al papel desempeñado por las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por denunciar la comisión de violaciones a los Derechos Humanos en el Caso Tlatlaya y en sucesos posteriores
