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Israel Dávila

Toluca, Edomex 11 de abril del 2019.-  El Gobierno del Estado de México busca que la iniciativa privada se involucre en la construcción y operación de cárceles en el Estado de México a través del esquema de financiamiento denominado Asociaciones Público Privadas (APP) mediante las cuales, los particulares invierten en la construcción y operación de obras a cambio de una contraprestación que les pague la administración estatal  en un periodo definido de tiempo.

Este jueves, el gobernador Alfredo Del Mazo  remitió al Congreso estatal, las iniciativas de los primeros tres proyectos que pretende se desarrollen a través de este esquema de APPs, lo que implicará una erogación de más de 44 mil millones de pesos a cubrir en los próximos 25 años.

El Gobierno plantea la construcción de dos nuevas cárceles, que se ubicarían en Otumba e Ixtapaluca, cuyo costó sería de 15 mil 111 millones de pesos más IVA durante los próximos 25 años.

Las centros penitenciarios  tendrían una capacidad para albergar a 2 mil reos, quienes obligadamente tendrían que ingresar a un programa de ocupación laboral dentro de la cárcel, donde recibirían un pago por su trabajo y capacitación. Cada uno deberá contar con 600 espacios para procesados, mil 200 espacios para sentenciados, un módulo de máxima seguridad con  100 espacios, 40 espacios más para ingresos y 60 espacios para imputados.

Las empresas que ganen los concurso de licitación de cada una de los centros penitenciarios firmaría un contrato de concesión para construir operar y darle mantenimiento a estos sitios. En los primeros dos años, el concesionario se encargaría de la inversión para construirlos y equiparlos  y en los 23 años subsecuentes de la operación y mantenimiento. La seguridad y control de estas cárceles correría a cargo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Para cubrir las contraprestaciones que anualmente se deberán pagar a los particulares a quienes se concesionen los proyectos deberán ser aprobadas en el presupuesto de egresos de cada año. La partida para pagar por las cárceles saldrá de la SSEM.

En la exposición de motivos se explica que ambos proyectos ayudarían a mitigar el problema de sobrepoblación y hacinamiento que actualmente existe en el sistema penitenciario.

La IP también participaría en la conservación de caminos

También el gobernador plantea apoyarse en la iniciativa privada para darle mantenimiento y conservación a 82 caminos de la zona sur del Estado de México que implican una longitud de mil 637 kilómetros.

La iniciativa turnada al Congreso plantea que el contrato que se signará con la iniciativa privada para esta tarea será por un plazo de 12 años, de los cuales los primeros dos serán de inversión  y los 10 restantes para la conservación en óptimas condiciones de los caminos. Los recursos de pago corresponderán al presupuesto anual de la Junta de Caminos.

Cabe señalar que en 2011, el Gobierno del Estado de México, a través de la Junta de Caminos también recurrió a un esquema similar de financiamiento llamado Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) por medio del cual, se concesionó a un consorcio privado el mantenimiento y conservación de las principales carreteras y vialidades del estado de México durante 20 años. El costo de este contrato implica el pago de mil 500 millones de pesos al concesionario, lo que representa 70 millones de pesos anuales.

Bajo la nueva normatividad fiscal y contable, los contratos que signe el gobierno del estado bajo un esquema de APP deberán informarse e integrarse al Registro Nacional de Deuda.

En la actualidad, la deuda pública del estado asciende a 44 mil millones de pesos, por lo que la autorización y ejecución de estos proyectos de APP implicará que el monto de la deuda estatal se duplique.

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