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Redacción

Toluca, Edomex 31 de agosto del 2015.-  Tres mandos de la policía del estado de México y cuatro elementos operativos más de la corporación fueron señalados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) del haber infringido tortura a seis presuntos secuestradores detenidos en abril pasado en el municipio de Ixtapaluca.

El organismo solicitó a la Procuraduría General de Justicia del estado de México abrir una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y castigar a los responsables de este hecho.

codhemPara la Codhem los tres mandos y el personal operativo incurrieron en conductas que pueden ser constitutivas de delito y violaciones a la ley de responsabilidades de los servidores públicos por lo que deben ser sancionados por l vía penal y administrativa.

Todo inició con la queja que presentó un familiar de mujer detenida el 7 de abril en la colonia el Molino en Ixtapaluca, acusada de formar parte de una banda de secuestradores. El expediente se abrió por abuso de autoridad y maltratos de la policía contra la detenida, pero con el trascurso de los días y la recopilación  de testimonios y otras pruebas se comprobó que lo que sucedió realmente fueron hechos de tortura.

Esta situación quedó al descubierto con la difusión que hizo la agencia de noticias Quadratín, de un video donde se observa como un grupo de policías estatales maltratan a unos detenidos en la subdirección regional de la policía estatal en el oriente del estado. En el video queda constancia como los detenidos están amarrados de manos, con los ojos vendados y sometidos a golpes, maltratos físicos y amenazas de los uniformados, quienes les advierten que si no confiesan  (los secuestros), “la calentadita puede terminar con la muerte” de alguno de ellos.

Con los testimonios recabados y pruebas que obtuvo la Codhem a lo largo de su investigación de más de un año, se constató que el 7 de abril, un grupo de policías estatales se encontraban realizando un operativo en Ixtapaluca, cuando en la esquina que forman las calles de Flor de Loto y Crisantemos, se percatan que afuera de un inmueble, un grupo de jóvenes se encuentra injiriendo bebidas alcohólicas. Al acercarse, uno de los muchachos se echa a correr y se esconde al interior del inmueble, lo que desata la sospecha de que algo oculta.

Los dos jóvenes que se quedaron en el exterior fueron revisados por la policía y se les encontró un arma de fuego y marihuana. Cuando los revisaban, un grito de auxilio surgió de dentro del inmueble y se percataron de que había una persona privada de su libertad.

En el operativo seis personas fueron detenidas. Las seis fueron ingresadas a las patrullas, donde inicio el maltrato físico y las amenazas.

Los policías estatales no remitieron de forma inmediata al ministerio público a los detenidos, sino prefirieron llevarlos a la sede de la subdirección regional de la policía para que “ahí cantaran” o confesaran sus delitos.

Los testimonios de los presuntos secuestradores señalan que los uniformados los golpearon, les vendaron los ojos, los ataron de pies y manos y les colocaron bolsas de plástico en la cabeza para obligarlos a confesar.

Después de hora y media de golpes y maltratos, los detenidos fueron remitidos al ministerio público por secuestro.

Para la Codhem, los policías estatales se  extralimitaron en sus funciones, pero sobre todo vulneraron el derecho de integridad y seguridad personal de los detenidos al someterlos  actos de tortura.

 A decir de la Comisión de Derechos Humanos del estado, los probables responsables de haber infringido tortura a los detenidos son: Lucio Ortega  Valdez, jefe de sector de la policía estatal de la región de Ixtapaluca; Ricardo García Rivera, jefe del agrupamiento de Ases; José Crispín Moisés Castillo Flores, jefe del agrupamiento  del GIP; y los elementos operativos: Carlos David Duarte Sánchez; Alejandro Antonio Rodríguez Domínguez, Carlos Mario Pérez Ruiz e Iván Miranda Zarate.

Para la Codhem su actuación puede configurarse como un delito, por lo que pide que sean investigados estos servidores púbicos para deslindar responsabilidades sobre la tortura. Además pide que sean  sometidos a exámenes de control de confianza, y recomienda a la policía estatal a ceñirse a los protocolos de actuación en caso de detenciones para no vulnerar garantías individuales de nadie.

En el documento también señala que el organismo realizará visitas de inspección a las subdirecciones regionales de la policía para verificar que las practicas  que se realizan estén apegadas a la normatividad.

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