Redacción
Ciudad de México. 16 de enero de 2018.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución y consignación del alcalde de Coacoalco de Berriozábal, Estado de México, Erwin Castelán Enríquez; así como de su cabildo municipal, por incumplimiento en la ejecución de una sentencia de amparo.
Durante la sesión hoy del órgano jurisdiccional, el pleno del máximo tribunal del país determinó la destitución del alcalde de Coacoalco, Erwin Javier Castelán Enríquez, cuya determinación es resultado del incumplimiento del presidente municipal a una sentencia dictada dentro de un juicio de amparo que se inició por un lado laboral.
El amparo en cuestión ordena desde abril de 2013 a pagar 4.1 millones de pesos por un laudo laboral favorable a Julián Domínguez Zamudio, quien habría sido destituido injustificadamente por el anterior alcalde, David Sánchez Isidoro, también de filiación priista, y de quien la Corte solicitaron su consignación.
Además del alcalde en funciones, los ministros ordenaron la desitutición de todo el cuerpo edilicio del ayuntamiento de Coacalco y otros funcionarios municipales, sumando en total 29 servidores públicos.
En un comunicado de medios, la SCJN informó que analiza otros seis casos de incumplimiento de sentencias de amparo o bien de sustitutos de la sentencia que involucran a otras autoridades municipales.
Además, el máximo tribunal del país detalló que ayer ordenó la destitución y consignación del presidente municipal de Paraíso, Tabasco, y su cabildo.
En el mismo comunicado, se hace mención que el pasado 10 de noviembre el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, señaló que cada sentencia tiene en sí misma la importancia de representar y significar el estado de derecho, cada sentencia es el sometimiento de las partes al orden y prevalencia la ley, por eso cada sentencia debe cumplirse.
Aguilar Morales afirmó que “no hay sentencias importantes y otras no tanto; el monto, los involucrados, si bien son determinantes por su carácter de partes en el juicio, son secundarios ante el cumplimiento del orden legal.
En todos los casos, cuando la Corte establece este tipo de sanciones, los servidores públicos o ex funcionarios incurren estas faltas, enfrentarán cargos ante un juez de distrito y podrían ser sentenciados hasta 10 años de prisión e inhabilitados del servicio público.
