Redacción
Ciudad de México. 16 de noviembre de 2017.- Once años después de la represión policíaca ocurrida en San Salvador Atenco, este jueves cuatro mujeres víctimas de tortura sexual comparecieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes denunciaron los abusos de los que fueron objeto durante su traslado a la cárcel estatal de Santiaguito en Almoloya de Juárez por parte de elementos de la extinta Agencia de Seguridad Estatal.
A pesar de las denuncias penales presentadas por las víctimas, los procesos judiciales instaurados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México nunca prosperaron en contra de los policías preventivos. La mayor sanción fue impuesta a un elemento policíaco, pero con una reclasificación del delito, acusado por actos libidinosos en agravio de una de las mujeres denunciantes.
En mayo de 2006, siendo gobernador del Estado de México, el actual presidente Enrique Peña Nieto; una reyerta ocurrida entre policías federales y estatales con floricultores de Texcoco y ejidatarios de San Salvador Atenco, derivó en una detención arbitraria de 207 personas, de las cuales al menos un centenar presentó lesiones por abuso de autoridad en su captura, y cerca de 45 mujeres denunciaron abuso y tortura sexual por parte de policías estatales.
En adelante, la Agencia de Seguridad Estatal a cargo de Wilfrido Robledo Madrid -identificado como un experto en inteligencia policíaca cercano al empresario Carlos Slim-; y cuyo superior jerárquico era el secretario general de gobierno, el hankista Humberto Benítez Treviño defenestrado de su vida política por el escándalo protagonizado por su hija Andrea Benítez -conocida como Lady Profeco-, quien ordenó el cierre de un restaurante en la colonia Roma.
Acompañadas por el Centro Prodh, en el año 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) retomó las denuncias de las mujeres víctimas de vejación sexual; mientras que en octubre de 2015 resolvió que las once mujeres en Atenco habían sido víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual, falta de acceso a la justicia y otras violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades. El asunto se turnó a la Corte.
En sus primeras declaraciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las víctimas de Atenco exigieron que se esclarezca el caso detectando la cadena de mando, pues hasta el momento, a pesar de haber sido un operativo grande, no han sido consignados los responsables a nivel estatal y federal.
En algunos casos, las víctimas estuvieron presas durante varios meses acusadas del presunto delito de ataques a las vías de comunicación, pero fueron liberadas por falta de pruebas.
Las víctimas y sus denuncias
Una de las víctimas, Norma Aidé Jiménez Osorio, narró que el 4 de mayo de 2006 tenía 23 años, y estudiaba artes plásticas en el INBA además de colaborar para una revista independiente, por lo que trató de documentar lo que había ocurrido un día antes como “un profundo acto de solidaridad”.
Ella denunció que policías estatales la golpearon y sufrió de tortura sexual. Explicó que esa noche había un clima de miedo y había sangre en las banquetas. En el momento en que corría hacia el pueblo de Texcoco alguien la golpeó en la espalda y cabeza con un tolete. Con posterioridad fue trasladada a un autobús, un policía metió su mano por debajo de su ropa interior y con los dedos penetró su ano y vagina.
Agregó que más de tres policías le arrancaron el pantalón, se le echaron encima, metieron su mano debajo de su blusa, ropa interior, la mordieron, y con los dedos penetraron su vagina.
Acusó que pese a las denuncias ante el Ministerio Público, fue ignorada. Detenida por ataques a las vías de comunicación en modalidad de agravante, estuvo un año en prisión hasta que la liberaron por falta de pruebas.
Por su parte, Claudia Hernández Martínez, quien era estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM, cuya investigación de tesis era sobre los movimientos sociales, por lo que documentaba el tema de San Salvador Atenco.
En su camino por la carretera, policías vestidos de negro y gris la detuvieron, le cubrieron el rostro y la golpearon en la cabeza y costillas.
Ella narró que un policía llamó a sus compañeros para golpearla dentro del autobús. Estaba en su ciclo menstrual, pero eso no importó para que le bajaran la pantaleta e introdujeron sus dedos en la vagina.
Estuvo bajo proceso penal durante cinco años; posteriormente, ya libre, tenía que ir a firmar semanalmente hasta que se definió que no era culpable de ataques a las vías de comunicación.
En tanto, Bárbara Italia Méndez Moreno, colaboraba con una fundación que atiende a menores en vulnerabilidad social y pretendía documentar el caso de Javier Cortés, el niño asesinado en la carretera Lechería.
Al interior de una casa, escuchó pasos, detonaciones y percibió gas lacrimógeno. Luego policías golpearon la puerta y entraron al domicilio. Fue detenida y sometida a interrogatorio. En su traslado al penal de Almoloya de Juárez la violaron. Tras la vejación, narró que tenía mucho dolor en los senos y tenía lastimada la vulva por la violación. En el Ministerio Público quiso denunciar, por lo que se sometió a prueba de semen, pero no fue suficiente para la Fiscalía y pasó por un tercer peritaje, lo cual consideró una revictimización. Ella permaneció dos años detenida señalada de ataques a vías de comunicación hasta que fue absuelta.
Por otro lado, Angélica Patricia Torres Linares acudió a San Salvador Atenco para documentar lo que sucedió un día antes en el enfrentamiento. Detalló que en la carretera vio bastantes granaderos y gas lacrimógeno. Se refugió en una casa, con otros más.
Acusó que los policías ingresaron a la casa; y los obligaron a pegarse contra la pared, arrodillarse con las manos en la nuca y les pidieron sus datos personales mientras los grababan. Luego los sacaron de la vivienda y los sentaron en la banqueta. En el autobús un policía manoseó su pecho, otro la golpeó y la aventaron al pasillo de la unidad encima de más personas. Al bajar un policía la jaló del pantalón y la puso contra la pared, donde le metió sus dedos en la vagina.
La defensa de los Derechos Humanos
Este viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizará más audiencias públicas en las que escuchará los testimonios de cinco mujeres víctimas de tortura sexual y abusos por parte de servidores públicos durante un operativo en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006.
También se conocerán los testimonios de dos peritos (una mujer y un hombre) que analizaron las denuncias de las 11 víctimas.
Aunque no hay un plazo para que la Corte IDH emita un fallo, se estima que éste podría darse en el primer semestre de 2018. Durante estas audiencias se revisarán temas pendientes en la agenda de los derechos humanos en México, como es el caso de la tortura sexual. También permitirá denunciar la impunidad que prevalece cuando se investigaciones violaciones graves a las garantías individuales.
