Jenaro Villamil / Homozapping
Leer primera parte: http://bit.ly/1KJp4Ei
Reportaje Original Publicado en Proceso, No. 2013
Entre 2008 y 2009, antes del inicio de la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, autoridades del Estado de México negociaron con los Schievenini Zanella, propietarios de la Granja Mayté desde el 22 de febrero de 1962. Les ofrecieron un pago de 200 a 250 pesos por metro por un predio de 30 mil metros. No aceptaron la oferta, ya que en otros casos habían escuchado el pago de mil pesos por metro.
En esas negociaciones estaban cuando el 17 de diciembre de 2009 diversas personas ingresaron a la Granja Mayté para realizar los trabajos de excavación, delimitación de postes y rejas, dividiendo el predio. Al preguntarles al ingeniero de obra, José Guadalupe Ramírez Miranda, por qué la invasión, éste les respondió que ese predio había sido expropiado por el gobierno del Estado de México, pasaba a formar parte del SAASCAEM, quien “entregó la posesión de dicho inmueble a Concesionaria Mexiquense S.A. de C.V.”, filial de OHL en la construcción del Circuito Exterior Mexiquense.
Los Schievenini interpusieron una demanda de amparo indirecto el 6 de enero de 2010 porque no fueron notificados previamente del procedimiento de expropiación, porque el decreto expropiatorio de Peña Nieto mentía al señalar que este inmueble “no se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad”, cuando ellos eran los legítimos dueños, y porque “existe una contradicción interna en el mismo decreto” y que por un lado se refiere a 28 mil 965 metros cuadrados y “no es claro en cuanto a la superficie, medidas y colindancias reales expropiadas”.
En su demanda de amparo 17/2010, cuya copia obtuvo Proceso, los propietarios argumentan que no fueron citados debidamente ni les respetaron el debido procedimiento para defenderse, ofrecer pruebas ni alegar en contra de cada uno de los oficios en los que se basó la expropiación.
Uno de esos oficios fue firmado por el entonces secretario de Comunicaciones del gobierno del Estado de México, Gerardo Ruiz Esparza, ordenando al área jurídica que se iniciara el procedimiento de expropiación.
El decreto de expropiación, firmado por Peña Nieto, “no señaló en forma clara, precisa y detallada cuál es la causa de utilidad pública con base en la cual el Poder Ejecutivo local expropió, es decir, cuál de las diez hipótesis que prevé el artículo 3, fracción I, de la Ley de Expropiación la constituye”.
De acuerdo con el decreto firmado por Peña Nieto el 24 de agosto de 2009, se ordenó una indemnización por 10 millones 188 mil pesos “que deberá pagarse a las personas afectadas”, según el avalúo comercial practicado por el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México. El pago sería cubierto por el SAASCAEM, en una sola exhibición. Nadie sabe dónde acabó ese dinero porque no les fue entregado a los propietarios.
La sentencia de amparo se ganó en los últimos meses de 2011, pero las autoridades mexiquenses presentaron un recurso de revisión ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito, argumentando que no podían devolverles el predio ya que estaba en construcción el Circuito Exterior Mexiquense.
Desde ese momento y todo el 2012 hasta 2015, Giancarlo Schievenini explicó a Proceso que iniciaron una serie de argucias jurídicas para tratar de determinar el valor del predio expropiado. Un perito independiente, designado por la PGR, determinó que debían ser 52 millones de pesos. Las autoridades y OHL alegaron que sólo valía 10 millones de pesos.
El caso se entrampó durante todo el 2013 y 2014. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito de Naucalpan echó abajo la resolución que ordenaba pagarle 52 millones de pesos a los afectados. Esa sentencia fue firmada por los magistrados Guillermina Coutiño Mata, Oscar Germán Cendejas Gleason –magistrado ponente que ascendió a magistrado del tribunal especializado en telecomunicaciones- y Yolanda Islas Hernández.
En enero de 2015, el único perito designado por el Consejo de la Judicatura Federal, Manuel González Pérez, vuelve a aparecer en la lista y debe determinar cuál es el valor del predio. A esas fechas corresponden las grabaciones de Wallentin y Fernández para acordar darles “una manita” a los magistrados “como siempre lo habían hecho”.
Otros indicios de corrupción
OHL también ha sido acusada por la empresa Infrabaer ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, desde noviembre de 2013, porque en el Circuito Exterior Mexiquense, la empresa española le cobró a cada usuario 50 centavos de más para instalar un supuesto Sistema Independiente de Verificación (SIVA) que nunca operó. La empresa calculó que tan sólo por este concepto, OHL se embolsó 120 millones de pesos adicionales a los 2, 360 millones de pesos por el cobro de cuotas de peaje.
Infrabaer ha documentado que gracias a la quinta modificación del contrato del Circuito Exterior Mexiquense, en diciembre de 2012, OHL tiene una extensión del plazo de su concesión del 2030 al 2051 que le permitirá cobrar incrementos adicionales a las tarifas de peaje entre 2013-2021 de manera irregular.
Contenido original en: http://homozapping.com.mx/2015/06/ohl-historia-de-despojo-y-corrupcion-en-circuito-mexiquense-segunda-parte/
